Fraude electoral en Venezuela: la deuda del liderazgo opositor (III)

La oposición ha mostrado hasta ahora gran inacción frente al fraude electoral en Venezuela impuesto como política por el régimen de Maduro.

La dirigencia opositora venezolana exhibe una deuda política al haber sido permisiva con el chavismo y su política electoral irregular. Una práctica irregular a la que la oposición, prácticamente, no le ha puesto resistencia y se le acumula como déficit. Esta es una consideración de Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain, expertos en matemática y estadística aplicadas a los procesos electorales.

Precisan que el referido déficit del liderazgo opositor —la derecha, según la califica los socialistas gobernantes— es consecuencia de la inacción manifiesta frente los ilícitos electorales convertidos en política.

¿Cómo se revela esta inacción política?

No exigir una auditoría del Registro Electoral que habría dejado en claro la opacidad del mismo.

No se trabajó en la eliminación de los centros electorales de una sola mesa de votación.

No se procuró la cooperación internacional para solucionar la situación de los venezolanos en el exterior.

No se denunció internacionalmente el uso de las captahuellas. Esto en razón de que es falso que tecnológicamente garantiza —como el CNE promociona— un elector un voto. Además, generan temor en el electorado respecto al secreto del voto.

No se hizo hincapié en la exigencia de la entrega de la Tabla Mesa que es la base de datos que debe suministrar el CNE para informar la ubicación de las mesas de votación, el número de electores de cada una de ellas, así el número mesas de votación por centro electoral.

Insistir en que la aplicación del artículo 441 del reglamento electoral debe plantearse como un reto generalizado en el país. Así, el sorteo de las mesas de votación en las que se auditan los comprobantes de votación con los resultados de la máquina de votación, se realiza al final del cierre de la última mesa de votación del centro electoral. 

Realizar un nuevo sorteo de los miembros de mesa, pues este no debe estar en manos del CNE. Debe ser responsabilidad de quienes participan políticamente de la elección o se debe elegir la computadora o empresa independiente que lleve a cabo el sorteo. Hasta la fecha, nadie puede asegurar que la computadora del CNE realmente realiza un sorteo verdaderamente aleatorio.

Publicar el mapa de ubicación de los centros electorales complicados. Esta es una demanda política importante, pues se trata de casi 9000 centros. La razón es que, por su difícil acceso, en estos centros electorales nunca ha habido defensa del voto.

Interponer una acción ante la Corte Penal Internacional en razón de la violación masiva del derecho al voto de los venezolanos que están en el extranjero. Cuando se impide la participación de estas personas viola la Constitución de la república.

Es imprescindible exigir el conteo de todas las papeletas de votación, pues el artículo 441 del reglamento electoral no puede estar por encima de la Constitución.

Vea también: Referendo 2004 marcó la pauta del fraude electoral en Venezuela (II)

Otras acciones pendientes de la oposición

Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain extienden las omisiones de la oposición venezolana en materia electoral a otros ámbitos.

En resumen, puntualizan que los grupos opositores deben:

Denunciar con urgencia el uso de la captahuellas. 

Dejar de avalar las auditorías express como mecanismos transparentes, aun cuando investigaciones publicadas en revistas científicas internacional advierten de su irregularidad.

Hacer valer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que inhabilitó el sistema electoral electrónico en Venezuela.

Combate del fraude electoral exige desafiar al Poder Electoral

Es imperativo, a criterio de Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain, que la dirigencia opositora venezolana desafíe al Poder Electoral. Se trata de una necesidad urgente que hay que subsanar para enfrentar el fraude electoral que se ha sistematizado como política del régimen.

Y es que resulta inaceptable que la dirigencia política continúe, como hasta ahora, sin actuar ante todas estas anomalías que han sido denunciadas respecto al sistema electoral venezolano. “La liberación de Venezuela pasa por desafiar al Poder Electoral actual. Esto en razón de que, si la gente plantea la ruta electoral, entonces es vital retar a las autoridades del CNE y voltear la tortilla”.

El fraude electoral se sistematizó en Venezuela

Salas e Gainzarain aseguran que existen maneras de retar al Poder Electoral. Entre ellas, invocar los mecanismos que ofrece la Constitución, como el derecho a un escrutinio público y transparente. “Ese derecho debe invocarlo la dirigencia opositora en estas elecciones. El conteo de todos los votos”.

Es fundamental crear un camino jurídico que conduzca al restablecimiento de los derechos de los venezolanos, pues estos se violaron cuando se le impide votar a los 5 millones de venezolanos en el extranjero. “Debieron activarse todos los frentes, nacionales e internacionales, para ello y no se hizo”.

Conteo manual de los votos

No es caprichosa en absoluto, la exigencia del conteo manual de la totalidad de los votos emitidos, de acuerdo a Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain.

Recuerdan que, desde 2004, las elecciones no pueden ser controladas “en caliente” por la gente, porque el pueblo ya no cuenta los votos. “Se impuso una lógica forense, pero lo que se descubre en la escena del crimen no tiene consecuencias de ningún tipo”.

Aunque semanas, meses o años después se publiquen estudios estadísticos concluyentes, estos no tienen impacto, porque no hay legislación internacional que castigue el fraude electoral.

Además, Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain destacan que el grupo en el poder convirtió las elecciones en un negocio en el que participan con la anuencia de cómplices complacientes del seno de la oposición. “Esto es lo que ha pasado, pasa y probablemente seguirá pasando. Desgraciadamente no se está haciendo nada para cambiar esta situación”.

Advierten que cuando se le quita a la población el derecho a contar todos los votos, se crea una condición que es prácticamente el cuerpo del delito mismo. Explican que, para comprobar la veracidad del escrutinio automatizado, hay que recurrir a una lógica forense la cual solamente es efectiva cuando existe una legislación que tipifique y castigue estos delitos electorales. Menos aún, existe la posibilidad de revertir los resultados electorales previos.

Se requiere elaborar mapa de centros electorales

Guillermo Salas e Iñaki Gainzarain alertan de que, hasta la fecha de la redacción de estas líneas, el CNE no ha entregado a la oposición la Tabla Mesa.

Por Tabla Mesa se entiende la lista precisa de los centros electorales y de las mesas de votación. Contar con este recurse permitiría elaborar un mapa de ubicación de los lugares donde se va a ejercer el derecho al voto. Para hacer efectivo el derecho de contar todos los votos emitidos en la elección, es imprescindible saber dónde están todos los centros de votación. A la vez solo así se le podrá informar al electorado con precisión la dirección del lugar donde deben votar.

“No solo se requiere que a estos centros electorales tengan acceso los testigos, sino también el electorado. Sin la Tabla Mesa esto no es posible”, advierten.

Se trata de 9000 centros electorales de difícil acceso creados por un sistema electoral concebido como un sistema de guerra.

“El chavismo, cuyo origen es militar, concibió las elecciones como como un escenario de guerra”.

En tal sentido, el régimen hizo un extraordinario trabajo al enmascarar la ubicación intrincada de una gran cantidad de centros electorales. ¿Cómo lo hizo?  Pues con propaganda. “Con el eslogan de propagandístico de ‘acercar el sistema electoral al elector’, cuyo verdadero objetivo era otro y no ese”.

Información masiva al publico

Consideran que ante el poco tiempo que resta para las elecciones, se impone un salto cualitativo de información al público. De no hacer esto se generará una gran frustración en Venezuela, un nuevo y masivo éxodo de la población.

Estiman que María Corina Machado tiene la capacidad de convocatoria para reunir juristas, gente especializada en derecho, que diseñe un plan de acción en el plano internacional ante instancias como la Corte Penal Internacional.

Esa acción debe extenderse en lo tecnológico, por ejemplo, a la convocatoria de empresas especializadas que elaboren el mapa de ruta de los centros electorales de difícil acceso que le llegue a los electores a sus teléfonos y distintas redes sociales.

Salas y Gainzarain insisten en que es una batalla que hay que librar de inmediato. “Hay que producir alianzas, porque no es de descartar que el régimen el día de las elecciones tumbe las comunicaciones y el internet. Establecer alianzas con proveedores internacionales de internet que, desde el exterior, proporcionen el servicio en caso de requerirlo”.

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