El torturador que calculaba

Desde hamburguesas –full de tocineta y queso derretido– hasta antiácidos. Hay de todo en este lugar: harina de almendras, barras de proteína, freidoras de aire, Alka Seltzer Plus en empaques de “20 effervescent tablets”… Tampoco faltan marcas importadas de cerveza, como Bud Light o Estrella Galicia, entre dos y tres dólares cada una. O muñecas de la película Frozen II, semillas de ajonjolí y paquetes de “100% Colombian Coffee” de Kirkland, la marca privada de los almacenes mayoristas Costco de Estados Unidos, cuya avena también se ofrece en el local.

Además del mercado, el lugar incluye un restaurante y un local nocturno que combina espacios para ver partidos de béisbol y de fútbol con presentaciones de stand-up comedy y una pista de baile donde la rumba se prolonga hasta las 3:00 de la madrugada.

Es el bodegón Beer & Food Truck, al final de la avenida Bolívar, en el sector Rancho Grande de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Tanto la variedad de marcas extranjeras como la canícula playera recuerdan a sus clientes que están en el principal puerto del país, a donde siguen llegando contenedores con mercancía todos los días. En su inventario y aspecto, el expendio reproduce una metáfora ya habitual de Venezuela, la que establecen los llamados bodegones, en boga desde hace años: un país donde un maestro que gana escasos tres dólares al mes puede ser vecino de un establecimiento repleto de productos exóticos y a precios más caros que en los mercados internacionales.

Lo distinto aquí son los nombres y filiaciones de quienes registraron este comercio. Son tres las dueñas, que aparecen también en los expedientes mercantiles de, al menos, otra decena de empresas. Todas son parientes del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sobre quien pesan desde 2019 sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que lo señalan como uno de los responsables de las más graves torturas atribuidas por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro.

El año pasado, el propio Granko dejó ver ante el público una pista de su vínculo con el bodegón. Entonces anunció en sus redes sociales el lanzamiento de la edición limitada de un destilado de ron disponible, exclusivamente, en ese negocio de Puerto Cabello. Al lanzamiento lo acompañó el lema «Es tiempo de lealtad», y a la botella de la bebida la rotulaba el escudo del Team Espartanos, una plataforma multieventos de aventura y deportes extremos con la que Granko promueve actividades de motocross, paracaidismo o surf.

Pero si eso no consigue relacionarlo de manera rotunda con el establecimiento, para hacerlo basta con las identidades de las tres propietarias: Yurima Ferreira y sus hijas, Yhuryseck y María de los Ángeles Escalante Ferreira. Al trío, que aparece en el expediente mercantil del negocio, abierto en septiembre de 2019, lo constituyen, respectivamente, la suegra, esposa y cuñada del flamante coronel Granko Arteaga.

Miami, cómo no

El 18 de julio de 2022, una firma homónima fue registrada en Miami, pero no a nombre de Granko, sino a través de su familia política. La norteamericana Beer & Food Truck CA Corp. quedó registrada ante la División de Corporaciones del estado de Florida por los venezolanos Najdi Valentina Millán Longart, Vicente José de Abreu Godoy y la propia cuñada de Granko, María de los Ángeles Escalante Ferreira, que también es parte de la directiva del bodegón en Puerto Cabello. Mantiene desde entonces su sede oficial en la oficina 313 del 1695 NW con la avenida 110, un edificio comercial en Doral, la ciudad del occidente del condado de Miami-Dade conocida por su numerosa población venezolana. En el directorio del edificio, en su planta baja, esa oficina se identifica como sede de un negocio de bienes raíces de Najdi Valentina Millán Longart.

Para esa fecha, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Granko Arteaga. Fue el 19 de julio de 2019, tras “el arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo”, bajo custodia de la contrainteligencia militar, cuando el Departamento del Tesoro emitió restricciones contra Granko y otros oficiales de la Dgcim: Rafael Blanco Marrero, Hannover Guerrero Mijares y Rafael Franco Quintero. Para los cuatro, la principal consecuencia de la medida era que “todas las propiedades e intereses en propiedades (…) de estos individuos que estén en Estados Unidos o bajo control de personas en Estados Unidos, quedan bloqueadas y deberán ser reportadas a la OFAC [las siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro]”, según rezaba el comunicado oficial desde Washington, que añadía que así quedaban prohibidos “todos los tratos de personas de Estados Unidos, o dentro de (o en tránsito en) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas”.

Dos meses más tarde, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea también expidieron sanciones similares contra Granko.

Pero apenas tres años después, el entorno de Granko se las arregló para abrir Beer & Food Truck en Florida. Junto a su familia política, el oficial de contrainteligencia venezolano y temido represor había encontrado su propia manera de burlar las sanciones.

Además de Beer & Food Truck, en la misma dirección de Doral se domicilian otras empresas también registradas por Millán Longart, Escalante Ferreira y De Abreu Godoy, como E & F Servicios Generales Corp, Multiservicios Generales S & S Corp y Multiservicios GEF LLC; esta última permanece inactiva.

Ese mismo trío a veces se alterna con otros nombres, hasta completar un grupo de siete personas, cuyas firmas se combinan en los directorios de al menos diez empresas, en su mayoría registradas en simultáneo en el período de gobierno de Nicolás Maduro, un tiempo en el que Granko fue ascendiendo en la nomenklatura de la inteligencia chavista mientras se iba granjeando fama de torturador.

Granko lideró los comandos que hace seis años participaron en la llamada Masacre de El Junquito. El 15 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano detectaron en El Junquito, una zona montañosa al oeste de Caracas, el escondite de Óscar Pérez, piloto y exintegrante del grupo de asalto de la policía judicial, que se había rebelado contra el régimen y protagonizado acciones inocuas pero espectaculares, como el robo de un helicóptero oficial con el que sobrevoló el valle de la capital venezolana e hizo algunos disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior. Las tropas de choque rodearon el lugar y tendieron una emboscada.

Uniformado, con armas largas y chaleco antibalas; con toga y birrete; en traje de gala militar, y, hasta con tanques de guerra. Así se presenta Granko en su cuenta de Instagram, reabierta esta semana tras ser ascendido al grado de coronel. Crédito: Instagram / @grankoarteagagk

Después de algunas horas de combate, en las que usaron armas de guerra, las fuerzas del gobierno lograron herir a Pérez y a sus acompañantes, hasta obligarlos a rendirse. Pero luego vino el horror, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relató. Citando las imágenes del asalto y los informes de las autopsias de las víctimas, la CIDH concluyó que los rebeldes fueron ejecutados con «tiros de gracia».

A Granko lo distinguen otros honores dudosos. Como el de figurar entre los pocos funcionarios del Estado venezolano que Naciones Unidas, en el primer informe de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de septiembre de 2020, señaló explícitamente como responsable de la cadena de mando sobre la tortura y los tratos crueles. Específicamente, a Granko se achaca el mando de las casas de tortura. Dos años después, un nuevo informe del mismo ente volvió a mencionar al oficial, hasta 96 veces en un documento de 123 páginas, asociándolo con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, redadas y traslados a centros de detención clandestinos.

“Según estas víctimas, en muchas de las sesiones de tortura, [Granko] Arteaga no se cubría la cara como otros funcionarios de la DGCIM. Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados”, señala el informe de 2022, elaborado a partir de 471 entrevistas con víctimas y funcionarios del Estado. “Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada”.

Ese descaro permitió, por ejemplo, que en 2022, Vasco Da Costa, activista al que el régimen arrestó en tres oportunidades, confirmara en entrevista para Armando.info, poco antes de fallecer, que en su última detención, en abril de 2018, Granko lo torturó personalmente: “Me ahogaba con una bolsa de plástico”. Da Costa se desmayó y al despertar se vio colgado en una escalera, donde luego lo apalearon por todo el cuerpo.

Es el mismo Alexander Granko Arteaga que hoy ofrece el ron Espartano y todo un emporio del disfrute.

En las 123 páginas de este documento de una misión de la ONU en 2022, a Granko se le menciona 96 veces como perpetrador de delitos asociados a la tortura y tratos crueles

Crueldad y ‘resuelve’

Una idea que propuso la filósofa judío-alemana Hanna Arendt en su famoso reportaje de 1961, “Eichmann en Jerusalén”, encargado por la revista The New Yorker, fue la de la banalidad del mal. Adolf Eichmann, el oficial de la SS nazi entonces puesto a rendir cuentas frente la justicia de Israel, quien había organizado el traslado de millones de judíos desde diversos rincones de Europa a los campos de exterminio, no era el monstruoso sicópata que todos querían imaginar. En cambio, se percató Arendt, apenas se trataba de un hombre común, quizás anodino, al que habían impulsado a cometer actos atroces la obediencia a la autoridad, la falta de pensamiento crítico y la adaptación a un sistema burocrático y deshumanizante.

Más de ocho décadas después, Alexander Granko Arteaga todavía no enfrenta un tribunal, y de su personalidad solo dan algunos atisbos sus mensajes, a menudo desafiantes, en las redes sociales que había cerrado y esta semana volvió a reactivar tras su ascenso a coronel. Pero ya queda claro que sus acciones guardan ambiciones de riqueza y lucro personal.

“Según víctimas y otras fuentes, Granko Arteaga posee importantes propiedades y está implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”, decía uno de los informes de Naciones Unidas. “Un exoficial de la DGCIM indicó que luego de la Operación Manos de Metal del año 2018 en el estado de Bolívar, que tuvo por propósito erradicar a los grupos armados organizados de las áreas mineras, Granko Arteaga recibió áreas para la explotación de minería”.

Alexander Enrique Granko Arteaga, alias Barba, nacido en marzo de 1981, empezó como escolta del expresidente Hugo Chávez, un cargo que percibe un salario en bolívares. Aún con esa desventaja inicial, hoy apenas cuarentón, mantiene un alto nivel de vida inalcanzable para la mayoría de los venezolanos. Ese ascenso también se explica con emprendimientos como el de la extorsión. Según informa la ONU en uno de sus reportes, un empresario fue detenido en cinco ocasiones en una casa clandestina ubicada en la zona de Prados del Este, un barrio de quintas de clase media-alta en el sureste de Caracas: “Granko Arteaga y otros funcionarios de la DGCIM lo obligaron bajo tortura a realizar transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a las cuentas personales”.

Mientras esas denuncias iban apareciendo, también emergían alusiones a las empresas del círculo más cercano a Granko. Por ejemplo, en su libro 30-A: día en que Nicolás Maduro pudo caer, el general Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), hoy en el exilio, llega a contar otras 20 empresas presuntamente vinculadas a Granko, entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas.

“A la fecha es conocido, que esta estructura creció exponencialmente, después de las operaciones Manos de Papel y Manos de Metal, conducidas [por el general Iván] Hernández Dala y Granko, es decir, cometiendo todo tipo de abusos y atropellos su emporio se pierde de vista”, escribe Figuera. Iván Hernández Dala es el jefe de la Dgcim.

Detrás de la lista de empresas que refiere Cristopher Figuera aparecen varios de los nombres de la estructura comercial de Miami y Puerto Cabello. En conversación telefónica para este reportaje, el exdirector del Sebin cuenta que, en los últimos tiempos, Granko ha ido tejiendo una red de empresas, muchas de ellas a cargo de otros familiares, colaboradores y amigos, entre los que salta a la vista el nombre de su hermano, Luis Ignacio Granko Arteaga, que se ha desempeñado como gerente de Oficinas Regionales del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y que en paralelo tiene dos distribuidoras de alimentos en los estados Carabobo y Miranda, sobre la costa central del país.

Esas empresas han mantenido un bajo perfil, tal como el propio Granko hasta la reciente reapertura de su cuenta en Instagram. Pero en el caso de Beer & Food Truck, Puerto Cabello, la cosa es distinta: en ese lugar hay buena rumba, que se hace sentir hasta la madrugada. En sus salones el viernes transmitieron el partido de la Vinotinto y la de ayer fue otra noche de salsa. Allí, entre cervezas importadas y destilados exclusivos como el ron del Team Espartanos, se encuentra el bodegón de Alexander Granko, el torturador que calculaba.

* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial tomar medidas extraordinarios para este trabajo. Por tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firman la nota, ambos, estándares que regularmente se cumplen en este medio.

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