Corrupción chavista en el mundo: 17 casos investigados por la justicia de España, Argentina y Brasil (Parte 3)
La corrupción chavista en el mundo se propaga haciendo daño a todo lo que se acerca, las economías y as sociedades donde se asienta. En esta tercera entrega hacemos referencia a los casos que investiga la justicia de España, Argentina y Brasil.
Para ello tomamos como base un informe de Transparencia Venezuela que advierte que el impacto de la crisis venezolana y que hace mención a casos registrados hasta 2019.
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8 casos investigados en España
El informe de transparencia Venezuela registró que la justicia española en distintas instancias hasta 2019 investigaba 8 casos de corrupción chavista. Veámoslos a continuación en detalle.
Embajador español Morodo y negocios en PDVSA
La Audiencia Nacional procesa el caso que involucra al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, quien está acusado de blanqueo de € 4 millones provenientes de negociaciones ilícitas con PDVSA.
El dinero habría sido recibido por el hijo del diplomático a través de contratos irregulares suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no ejercía como embajador en Venezuela.
La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la investigación, pide sentenciar al exembajador Morodo a tres años y medio de cárcel; mientras que, para su hijo, Alejo Morodo, solicita una pena de ocho años y medio; entretanto para la nuera, igual pena que su marido, por la presunta defraudación fiscal de los beneficios de casi € 4,5 millones.
Empresa Duro Felguera, soborno y blanqueo en Venezuela
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada acusó a Ángel Antonio Del Valle Suárez y a Juan Carlos Torres Inclán, altos directivos de la empresa Duro Felguera, de sobornar a funcionarios del gobierno del expresidente Hugo Chávez para favorecer los intereses de la empresa.
La fiscalía pide ante la Audiencia Nacional donde se desarrolla el proceso judicial, aplicar una multa de € 160 millones para la compañía especializada en la construcción de instalaciones de generación eléctrica y los referidos directivos.
También se pide cárcel para el exviceministro Nervis Villalobos, específicamente una pena de 8 años y 9 meses de prisión y una multa de € 3,6 millones. Para Javier Alvarado, la pena solicitada es de 3 meses de cárcel y una multa de € 1,6 millones.
Multa de € 160 millones y cárcel de 8 años y 9 meses de prisión para Ángel Antonio Del Valle Suárez y a Juan Carlos Torres Inclán.
Operación Carabela
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada procesa ante el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid el caso por lavado de dinero proveniente de sobornos pagados a funcionarios de PDVSA, a través de la sociedad Columbus Properties One.
Se ha procedido al embargo de 115 inmuebles valorados en € 60 millones, entre ellos un hotel, una lujosa urbanización en Marbella y varios inmuebles en Salamanca.
Cohecho internacional
El exviceministro de Energía Eléctrica durante la administración del finado Hugo Chávez, Nervis Villalobos, es procesado en la Audiencia Nacional de España por delitos de lavado de dinero. El exfuncionario chavista supuestamente transfirió USD 7 millones, entre octubre de 2011 y junio de 2012, a sus cuentas en una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción de España pidió aplicar una pena de 8 años y 9 meses de prisión para Villalobos y multarlo por € 3,6 millones.
Nervis Villalobos podría ser condenado a 8 años y 9 meses de prisión.
Claudia Patricia Díaz Guillén. Lavado de dinero
La extesorera venezolana, Claudia Díaz, conocida también como la “enfermera de Chávez”, fue investigada en España por el presunto blanqueo de capitales, tras comprar una casa por € 1,8 millones. Su caso cursó en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Fue detenida en España en diciembre de 2020 por las acusaciones en su contra en Estados Unidos, a donde fue extraditada en mayo de 2022, procesada judicialmente y actualmente paga prisión de 15 años.
Actualmente, Claudia Díaz paga prisión por 15 años en Estados Unidos.
Operación Maraca
El 6 de junio de 2018, la policía detuvo a José Roberto Rincón Bravo y su madre María Lila Bravo durante la denominada operación Maraca. Se allanaron su residencia, inmuebles y empresas, determinándose que a su nombre había 3 propiedades.
Una de estas propiedades, está ubicada en Villarejo de Salvanés y fue comprada por € 22 millones. Los otros inmuebles están en Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca. Se trataba de edificaciones con terrenos superiores a los 2000 metros construidos, con helipuerto, piscinas, canchas de tenis, entre otros lujos.
Las requisas, además de documentación comprometedora, permitió encontrar colecciones de relojes, prendas, automóviles, obras de arte, vinos y otros objetos de altísimo valor.
José Roberto Rincón y su madre en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid enfrentan una acusación por blanqueo de capitales presuntamente sustraídos a PDVSA.
Extradición de Hugo Carvajal
En la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España se procesó el caso del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien, finalmente, fue extraditado a los Estados Unidos el 13 de julio de 2023.
Había sido detenido en España el 2 de abril de 2019 en la casa de uno de sus hijos en atención al pedido que sobre él hacían la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la Corte del Distrito Sur de Florida acusado por cargos de conspiración de narcoterrorismo y para la importación de cocaína.
La extradición inicialmente fue negada, luego procedió, pero Carvajal se fugó y fue recapturado. Luego de un largo proceso judicial fue extraditado como ya señalamos.
Raúl Gorrín imputado por corrupción en España
En el Juzgado Central de Instrucción número 3 cursa la causa contra Raúl Gorrín en razón de una denuncia interpuesta en su contra en 2008 por la Fiscalía Anticorrupción. Se le señala de hechos irregulares relacionados con PDVSA.
La investigación involucra a más de veinte personas, entre ellos dos exviceministros venezolanos, el de Energía, Nervis Villalobos, y el de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa, así como también el exjefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter.
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón lo citó en calidad de investigado el 26 de febrero de 2020, imputado por el desfalco de más de € 600 millones en contratos fraudulentos con PDVSA.
A Raúl Gorrín se lo señala de la comisión de supuestos hechos irregulares relacionados con PDVSA.
Por su parte, el informe refiere que, para 2019, en Argentina son 6 los casos de corrupción chavistas que procesa la justica del país sureño.
Los 800 mil dólares de Antonini Wilson
Cuando el 4 de agosto de 2007 se descubrió que el empresario Guido Alejandro Antonini Wilson transportaba una maleta con USD 800 000 que pretendía introducir a la Argentina sin declarar, la justicia del país sureño se hizo cargo. El dinero supuestamente estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Wilson se encuentra actualmente en Estados Unidos y está pedido en extradición por Venezuela y Argentina. En septiembre de 2023 Claudio Uberti, recaudador de Néstor Kirchner, fue hallado culpable del ingreso del maletín a Argentina y condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue absuelto por el caso de la maleta, pero condenado por otros hechos de corrupción. El titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, también quedó libre de culpa.
Antonini regresó a Venezuela y luego en Miami quedó en libertad en Miami por su colaboración en marzo de 2013. El tribunal de Florida estableció que el dinero provenía de PVDSA.
Laboratorios Esme Saic y otros
En el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 12 se libró la causa N°321/2016, el caso conocido como Laboratorios Esme Saic, un asunto relacionado con los negocios entre Venezuela y Argentina, llevados a cabo a través de la constitución de un fideicomiso de PDVSA.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina dio a conocer la comisión de supuestos hechos de corrupción en las negociaciones relativas a dicho fideicomiso. Se habla de sobreprecios, facturas falsas, comprobantes de exportación no registrados oficialmente, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otras irregularidades.
Los hermanos Vignati
En el Tribunal Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3 son investigadas las supuestas irregularidades habidas en la constitución de un fideicomiso de PDVSA entre Venezuela y Argentina.
Sobre el tema salieron a relucir las advertencias en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina, la cual detectó sobreprecio, facturas falsas, comprobantes de exportación no registrados oficialmente, entre otras.
Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la Administración Pública
En julio de 2004, los expresidentes de Argentina y Venezuela, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, respectivamente, firmaron un convenio bilateral que permitía al primero de los países comprar combustible venezolano a bajo precio y depositar sus pagos en un fondo común que se denominó fideicomiso bilateral.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina reveló irregularidades en el mismo que incluyen, entre otras, sobreprecios, facturas falsas y pagos duplicados de servicios, entre otros hechos.
Los negocios entre kirchneristas y chavistas superar los USD 2500 millones en una década. Los contratos de compra-venta son investigados en la actualidad por la justicia argentina, por sospechas de desfalco del patrimonio público en Venezuela aun en medio de la emergencia humanitaria compleja que padece dicho país.
Caso Levy
La denuncia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 N° 248/2015 con relación al fideicomiso entre Argentina y Venezuela, reveló presuntos hechos de corrupción en los negocios llevados entre ambos países.
Las irregularidades cometidas en las negociaciones Venezuela y Argentina, mediante la constitución de un fideicomiso de Pdvsa (facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otras actividades ilícitas. Entre los beneficiarios de estos contratos se encontraba el clan Levy, grupo empresarial argentino que participó en el fideicomiso bilateral, bajo la égida de la “embajada paralela”.
La revocatoria se produjo luego de que los hermanos Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, quienes embolsaron más de US$ 282 millones del fideicomiso bilateral. La Cámara en lo Penal Económico consideró que no se probaron las irregularidades denunciadas.
Deuda pública
El diario Clarín de Argentina denunció en septiembre de 2018, unas declaraciones del político Claudio Uberti, quien ante la justicia de ese país por el caso de los “cuadernos argentinos” en el que era imputado, dijo que en 2007 presuntamente se organizó una maniobra especulativa que produjo “una ganancia de 100 millones de dólares”.
Un total de USD 50 millones fue, supuestamente, la comisión para los bancos que intervinieron, mientras el dinero restante se lo repartieron en partes iguales Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, a saber, USD 25 millones para cada uno.
Se trataba de un negocio en el que Argentina habría hecho la colocación de deuda más cara desde el default del 2002, al pagar a Venezuela una tasa en torno al 10,6 % por la compra de USD 500 millones en los bonos llamados Boden 2015. Venezuela compraba los bonos argentinos, los vendía en el mercado internacional y los cobraba en dólares.
Claudio Uberti denunció que Cristina Fernández y Hugo Chávez se repartieron a partes iguales las ganancias del negocio irregular, USD 25 millones para cada uno.
3 casos investigados en Brasil
Entretanto, el informe de Transparencia Venezuela revela que hasta 2019, 3 casos de corrupción chavista se desarrollaban ante la justicia brasileña.
Operación conexión Venezuela
El Ministerio Público Federal de Brasil reveló que empresas con sede en Venezuela, entre las que se encuentra PDVSA, enviaron millonarias cantidades de dinero a Brasil para supuestamente comprar máquinas y productos agrícolas con sobreprecios.
Igualmente se denunció el pago de sobornos, los cuales se enmascararon como comisiones por servicios de consultoría que nunca fueron prestados. Parte del dinero fue desviado a Brasil y la otra parte habría sido remitida a empresas ubicadas en paraísos fiscales.
Operación Bachaquero
La Policía Federal de Brasil desarticuló una banda dedicada que contrabandeaba combustible desde Venezuela, supuestamente, con el apoyo de organismos policiales. En el estado de Roraima tuvo lugar la que se conoció como Operación “Bachaquero”.
Entre los involucrados había policías militarizados venezolanos.
Operación Hespérides
La Policía Federal de Brasil atacaron y desarticularon una red internacional de contrabando de oro extraído, principalmente, de minas en Venezuela y comprado ilegalmente en la nación brasileña.
Se conoció que la banda integrada por brasileños y venezolanos residentes en el estado de Roraima, contrabandearon 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, lo que reportó ganancias irregulares por USD 55 millones.
El grupo delictivo contaba con la colaboración de un fiscal y una auditora pública quienes, a cambio de sobornos, emitían documentos falsos de certificación del oro que, posteriormente, era vendido por una empresa ubicada en Sao Paulo.
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