El crudo equilibrio: ¿Es el petróleo más valioso que la democracia en Venezuela?

El régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se mantiene a flote gracias a su riqueza petrolera, que ha demostrado ser el salvavidas de una economía devastada por la crisis política y social. A pesar de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la criminalización de la disidencia y los vínculos del régimen con el crimen organizado, los intereses energéticos de potencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos, parecen prevalecer. El petróleo y el gas siguen siendo prioritarios en la agenda internacional, eclipsando las preocupaciones sobre la gobernabilidad y la democracia en el país.

La política energética de la administración Biden refleja esta realidad. La renovación de la licencia a Chevron para operar en Venezuela, y la continua negociación de Maduro con empresas como Repsol, Eni y Maurel & Prom, son un claro indicador de que los intereses económicos de Estados Unidos y Europa están por encima de las sanciones y medidas punitivas que, en teoría, buscan aislar al régimen. Mientras tanto, la Comunidad Europea debate sobre posibles modelos de transición democrática en Venezuela y el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024. Sin embargo, el foco internacional parece centrarse más en asegurar el acceso a los recursos energéticos del país que en abordar la grave crisis de derechos humanos.

Chevron y el “efecto petróleo”

En julio de 2024, Venezuela alcanzó el récord de exportaciones petroleras en 19 meses, ubicándose como el tercer mayor suplidor de crudo a los Estados Unidos, solo detrás de Canadá y México. Durante ese mes, Chevron logró exportar un promedio de 308.000 barriles diarios de crudo venezolano a suelo estadounidense, cifra que superó a países vecinos como Brasil y Colombia, y a grandes productores como Arabia Saudita y Nigeria.

Este incremento en las exportaciones es parte del llamado “efecto Chevron”, una consecuencia directa de la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que permitió a la empresa estadounidense reactivar sus operaciones en Venezuela en medio de sanciones. El impacto fue tal que, para julio, las exportaciones anuales de crudo venezolano hacia EE.UU. promediaron 211.000 barriles diarios, un 80% más que el mismo período en 2023.

Las empresas mixtas entre Chevron y Petróleos de Venezuela (PDVSA) también han recibido un impulso importante. A mediados de 2024, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la extensión de las concesiones hasta 2047, asegurando así la continuidad de estas operaciones a largo plazo. Entre estas empresas destacan Petro Piar y Petro Independencia, ubicadas en la faja del Orinoco, una de las áreas petroleras más ricas del mundo.

Repsol, Maurel & Prom y la búsqueda de alianzas

Además de Chevron, otras compañías extranjeras están interesadas en mantener sus lazos con Venezuela. Repsol, la empresa energética española, ha mantenido conversaciones con el gobierno de Maduro para “avanzar en nuevos acuerdos” tanto en petróleo como en gas natural. Según el comunicado oficial del régimen, esta colaboración “refuerza la posición de liderazgo de Venezuela en el mercado energético global”.

Por su parte, Maurel & Prom, una empresa francesa con presencia en Venezuela, ha firmado acuerdos clave con PDVSA para reiniciar sus actividades en el país, tras la flexibilización de sanciones estadounidenses. Estas alianzas incluyen la reinversión en la preservación de activos, seguridad del personal y el aumento de la producción, con el objetivo de elevar la producción a 25.000 barriles diarios para fines de 2024.

La influencia de la política energética

En el contexto de estas renovaciones y acuerdos, es evidente que la política energética sigue siendo un factor determinante para la supervivencia del régimen venezolano. La flexibilización de sanciones y la renovación de licencias a empresas como Chevron han permitido al gobierno de Maduro asegurar importantes ingresos por la venta de petróleo, en un momento donde la producción interna enfrenta desafíos significativos debido a apagones y fallos en la infraestructura de PDVSA.

A pesar de las tensiones políticas internas y las disputas internacionales sobre la legitimidad del gobierno, las cifras de exportación de crudo continúan mostrando una realidad en la que los recursos energéticos son el eje de las decisiones de política exterior.

¿Qué importa más, la economía o la gente?

Mientras la comunidad internacional discute los modelos para una transición democrática en Venezuela, la prioridad para muchos países parece ser asegurar el suministro de petróleo y gas. En este juego de poder, las demandas por justicia y el respeto a los derechos humanos quedan relegadas, eclipsadas por la necesidad de energía barata y accesible.

Las sanciones y las medidas diplomáticas contra el régimen parecen diluirse frente a la presión por mantener estables los mercados energéticos. En este contexto, se plantea una incómoda pregunta: ¿Hasta qué punto los intereses económicos de las potencias globales seguirán legitimando un régimen que ha utilizado al crimen organizado como un agente dinamizador de su economía? Mientras tanto, millones de venezolanos continúan enfrentando las consecuencias de una crisis humanitaria que sigue sin solución a la vista.

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