Las consecuencias de la política de expropiación de Chávez mantienen a Venezuela y a PDVSA en el banquillo de los acusados: caso Helmerich & Payne
Las consecuencias de la política de expropiación de Chávez siguen aflorando y mantienen a Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. (PVSA) y sus filiales en el banquillo de los acusados en gran cantidad de tribunales, especialmente de los Estados Unidos. Tal es el caso de Helmerich & Payne International Drilling Co., una empresa de perforación petrolera que lleva más de 13 años bregando para ser resarcida por la pérdida de sus equipos y el pago de su deuda.
El caso ha enfrentado, múltiples inconvenientes, incluso, estuvo suspendido porque así lo acordaron las partes, en razón de las complicaciones que derivaron de la falta de reconocimiento de Estados Unidos de Nicolás Maduro como presidente en 2018.
La demanda inicial de H&P-IDC incluía a la República Bolivariana de Venezuela, pero fue excluida porque la legislación que aplica al caso —la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA)— requiere que la propiedad expropiada esté ubicada en EE. UU.
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Los hechos que desataron la demanda
Helmerich & Payne International Drilling Co. operaba en Venezuela desde 2007 en razón de un contrato suscrito con Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A. cuyo objeto era el suministro de plataformas de perforación petrolera. Dado las empresas venezolanas acumularon una deuda de USD 100 millones, H&P desmontó sus taladros en 2009.
Para el año siguiente, 2010, el régimen del finado expresidente, Hugo Chávez, confiscó las plataformas de perforación y otros activos de la subsidiaria venezolana de Helmerich & Payne International Drilling Company (H&P-IDC).
Por ello, H&P-IDC y su empresa subsidiariaHelmerich & Payne de Venezuela C.A. (H&P-V), demandaron en 2011 a Venezuela, así como a Petróleos de Venezuela, S.A. y su filial PDVSA Petróleo S.A. y pidieron ser compensadas. Argumentaron que el gobierno venezolano envió tropas a las instalaciones donde estaban sus equipos y emitió un “Decreto de Expropiación” al tiempo que nacionalizó los taladros.
Las demandantes sustentaron el asunto de la jurisdicción en la materia alegando la excepción de expropiación de la Ley FSIA, la cual es aplicable en casos en los se «se toman derechos sobre [cierta] propiedad en violación del derecho internacional».
El argumento de Venezuela
Venezuela sostiene que la expropiación de los taladros de perforación petrolera no violó el derecho internacional dado que dichos equipos pertenecían a la subsidiaria venezolana de Helmerich & Payne. El Tribunal de Distrito la aspiración venezolana de desestimar la demanda por completo, sino que rechazó respecto a H&P-IDC y concedió en lo atinente a H&P-V.
Sin embargo, una corte de apelaciones falló a favor de la compañía cuando determinó que ésta podía proseguir con la demanda en la que se argüía que la medida venezolana había perjudicado a accionistas estadounidenses.
Comenzaba así una batalla de judicial que ha significado demandas, contrademandas, apelaciones, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y una serie de acciones que parecen no tener fin.
Así tenemos que entretanto el tribunal distrital falló mayoritariamente a favor de H&P, la corte de apelaciones bloqueó la demanda por incumplimiento de contrato, pero permitió que prosiguiera la demanda por expropiación.
Ante la CSJ de EE. UU.
En noviembre de 2016, Venezuela y PDVSA solicitaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos que definiera de acuerdo a la Ley FSIA, cuándo procede una demanda contra un gobierno extranjero por expropiar activos de empresas de EE. UU. establecidas en su territorio.
El 1° de mayo de 2017 se produjo la decisión del máximo tribunal que revocó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en 2015, en razón de haber sustentado erróneamente su negación de inmunidad a Venezuela ante la demanda de H&P.
Los magistrados de la CSJ determinaron de manera unánime que el tribunal de primera instancia que inicialmente aprobó la demanda, debe reconsiderar si los reclamos de Helmerich & Payne International Drilling Co. pueden continuar. Por ello devolvió el caso a las cortes de instancias inferiores para que procedieran a establecer si la expropiación violó el derecho internacional y si la reclamación debía ser desestimada en su totalidad.
Los jueces de la CSJ fueron cautelosos en el manejo de este caso para evitar conflictos de política exterior, toda vez que un fallo inadecuado podía desencadenar represalias de otros países contra los intereses de EE. UU.
Juez concede moción de desestimación
El 31 de enero de 2023, Christopher R. Cooper, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que lleva la causa, concedió una moción de desestimación por falta de jurisdicción en la materia de Venezuela y ordenó, además, desestimar la Demanda en lo que respecta a Venezuela.
Venezuela y PDVSA nacionalizaron la propiedad de la demandante Helmerich & Payne International Drilling Company durante el régimen de Hugo Chávez. Ahora, ante la demanda entablada por H&P, sostienen que el Tribual de Columbia carece de jurisdicción para juzgar sobre la materia.
Por su parte, H&P afirma su jurisdicción en dicho tribunal a través de la excepción de expropiación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
El juez Cooper citó otro caso de expropiación de la FSIA: “La excepción de expropiación de la FSIA tiene dos cláusulas. La primera cláusula otorga a los tribunales federales jurisdicción sobre casos ‘en los que se discutan derechos sobre bienes tomados en violación del derecho internacional y esos bienes o cualquier propiedad intercambiada por dichos bienes se encuentren en los Estados Unidos en relación con una actividad comercial llevada a cabo en los Estados Unidos por el estado extranjero’”.
Asimismo, refirió “La segunda cláusula [la cual] establece la jurisdicción cuando la ‘propiedad expropiada o cualquier propiedad intercambiada por dicha propiedad es propiedad de una agencia o instrumentalidad del estado extranjero o está operada por ella y dicha agencia o instrumentalidad se dedica a una actividad comercial en los Estados Unidos’”.
Remitiéndose a la jurisprudencia, el magistrado indicó “Las reclamaciones contra estados extranjeros deben satisfacer el primer requisito de nexo, y las reclamaciones contra agencias e instrumentalidades deben satisfacer el segundo”. Por ello, “un estado extranjero conserva su inmunidad a menos que se cumpla la primera cláusula del requisito de nexo de actividad comercial”.
Siendo que H&P reconoce que Venezuela es un “estado extranjero” y, además, admite que la propiedad reclamada en la demanda no se encuentra en los Estados Unidos, el tribunal se ve obligado a rechazar la jurisdicción sobre Venezuela. La demandante sugiere que la jurisdicción sobre Venezuela podría sobre la base de la teoría de que el instrumento demandado es el “alter ego” de Venezuela, pero la corte rechaza tal argumento general.
El último capítulo de la trama
El último capítulo de este caso que ya parece una novela por entregas, el juez de la Corte de Columbia, Christopher R. Cooper, negó una moción presentada por PDVSA y PDVSA Petróleo para desestimar el caso.
La petrolera argumentó que la excepción de expropiación de la ley FSIA no confiere jurisdicción sobre la materia; porque, según su punto de vista, el tribunal carece de jurisdicción sobre PDVSA; y porque las reclamaciones de H&P-IDC están excluidas por la doctrina del acto de Estado.
El juez Cooper no convalidó los alegatos de PDVSA, por lo que la empresa estatal venezolana deberá enfrentar la demanda de Helmerich & Payne International Drilling Co. y afrontar las consecuencias que de la decisión de la Corte emane.
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