Corrupción chavista: Humberto Aranda el “pincha teléfonos” de Nicolás Maduro y el caso Telefónica

La corrupción chavista se manifiesta por diversas vías y muy distintas maneras, en ella lo irregular, perverso y oscuro, es el único elemento común, pues es variopinta. En esta ocasión, por ejemplo, nos referiremos a una de las vertientes de la represión, manifiesta a través de Humberto Aranda, el “pincha teléfonos” de Nicolás Maduro.

Bien es sabido que la libertad de expresión fue una primeras y principales víctimas de la revolución chavista tan pronto Hugo Chávez llegó al poder en 1999 —tras su triunfo electoral en diciembre de 1998, tal vez el único—, por lo que acallar a los medios de comunicación social y al periodismo independiente, era fundamental. Ni hablar de los políticos opositores y cualquier voz disidente. Tal política no cambió al asumir Nicolás Maduro la presidencia de la república, por el contrario, se incrementó al refinarse los mecanismos de ejercerla, al igual que su crueldad.

Y del mismo modo que el chavismo cercena la libertad de prensa, controla las comunicaciones —medios de comunicación, comunicaciones telefónicas, redes sociales, etc.— siendo este el escenario en el que participa como agente del régimen, Humberto Aranda.

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¿Quién es Aranda?

En realidad, es poco lo que se sabe de él, la información es muy escasa sobre su persona. Apenas algunos datos, una fotografía borrosa, que es de nacionalidad mexicana y exintegrante de la policía federal de México. Se le atribuyen los apodos de “El Chicharito” y “El Mexicano”.

La llegada de Humberto Aranda a Venezuela habría sido posible por el apoyo y protección que le brindó el exdiputado y exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Hugo “El Pollo” Carvajal, quien igualmente promovería su entrada a Movistar, empresa en la que se establecería como agente del chavismo para la aplicación de tareas de censura y espionaje telefónico.

Sus acciones estarían dirigidas a coordinar y comandar los bloqueos a medios de comunicación independientes digitales, intervenciones telefónicas a periodistas y políticos de la oposición democrática.

En Telefónica Venezolana, subsidiaria de Telefónica S.A., empresa española, Humberto Aranda se desempeñó como vicepresidente de Relaciones Institucionales y como el encargado de seguridad de Movistar Venezuela.

Fuentes de Venezuela Política aseguran que, efectivamente, Aranda, forma parte del círculo cercano de Nicolás Maduro, al ser una de las fichas que el dictador mueve a la hora de ejercer la represión en estos aspectos tecnológicos. Se lo describe como un hombre hábil, astuto, pero escurridizo pues es difícil determinar sus intereses.

El escándalo de los sobornos

Y como bien ya dijimos que lo irregular es el denominador común de la corrupción chavista, Humberto Arana, igualmente —según nuestra fuente— habría sido una ficha clave en el caso del pago de sobornos por parte de Telefónica Venezolana a funcionarios del régimen venezolano con el objetivo de para obtener dólares preferenciales estadounidenses en las subastas de divisas llevadas a cabo por el gobierno durante la vigencia del control de cambios.

El Departamento de Justicia de EE. UU. dio a conocer recientemente el caso relacionado con la existencia de un plan de sobornos, el cual se habría resuelto mediante un acuerdo por el cual Telefónica Venezolana pagara USD 85,2 millones de multa.

Documentos del despacho de justicia estadounidense revelaron que la empresa venezolana filial de Telefónica S.A. (España), suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a la compañía de conspirar con el propósito de violar lo dispuesto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en materia de disposiciones antisoborno.

Dicho acuerdo estableció que Telefónica Venezolana recibió crédito por parte del Departamento de Justicia en razón de haber colaborado con la investigación de la fiscalía, mediante el suministro de información y documentación sobre la operación, así como evidencia y registros sobre los manejos en la trama.

Los hechos

La documentación judicial refiere que, en 2014, Telefónica Venezolana, con el objeto de asegurarse el éxito durante su participación en una subasta de divisas promovida por el gobierno de Venezuela para obtener dólares estadounidenses a cambio de bolívares venezolanos.

Esta era una de las tantas prácticas implementadas por el régimen chavista durante la vigencia del control de cambios que ha regido durante más de dos décadas en el país.

El plan de Telefónica Venezolana consistió en el reclutamiento de dos proveedores que hicieron pagos corruptos por aproximadamente USD 28,9 millones a un intermediario. Tal acción se realizó a sabiendas de que dichos fondos serían destinados al pago de comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.

Con el propósito de ocultar el pago de dichas comisiones irregulares, Telefónica Venezolana compró equipos con sobreprecios a los dos proveedores antes referidos. Tal procedimiento le permitió a la filial venezolana de Telefónica obtener más USD 110 millones en la subasta de divisas. El justificativo registrado ante las autoridades fue la citada compra de equipos a precios inflados.

Lo último

Pedro Cortez presidió Telefónica Venezolana para la fecha en que se pagaron los sobornos.

La información más reciente que se ha conocido sobre el caso, es que quien fuera presidente ejecutivo y consejero delegado de Telefónica Venezolana entre 2012 a 2018, es decir, cuando tuvo lugar la operación de pago de sobornos a los funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro, a saber, el peruano Pedro Cortez, se fue despedido de Telefónica en 2023.

Cortez se desempeñó durante 20 años en la empresa española, en la que ocupó posiciones en las subsidiarias de la compañía ubicadas en Venezuela y Perú. Su último cargo fue en Hispam, una unidad de Telefónica a cargo de las operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Para ese tiempo la matriz Telefónica estaba presidida por el finado César Alierta, quien fue sustituido por José María Álvarez-Pallete —anteriormente consejero delegado— entretanto la Dirección de Finanzas Corporativas estaba en manos de Ángel Vilà. Fue en 2018, bajo la presidencia de Álvarez-Pallete, que Pedro Cortez fue removido de Venezuela a Perú.

El despido de Cortez habría formado parte de los acuerdos a los que llegó Telefónica con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que culminaron con el pago de la millonaria multa. La empresa española se comprometió con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a excluir de su nómina a los responsables del pago de los sobornos. Álvarez-Pallete y a Vilà fueron eximidos de responsabilidades en el caso, luego de una auditoría interna que encargó Telefónica.

Pautas del acuerdo judicial

El acuerdo con Telefónica Venezolana contempló el compromiso de la empresa de:

Disciplinar y despedir a los empleados involucrados en la trama o que hayan tenido conocimiento de la misma.

Fortalecer su programa anticorrupción, nombrar un director de cumplimiento con acceso directo al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

Revisar su proceso de aprobación de transacciones con precios no estándar y garantizar la revisión de todas esas transacciones a nivel mundial.

Revisar, mejorar y probar sus controles internos más amplios para la fijación de precios y otras transacciones con la asistencia de una firma de contabilidad forense.

Fortalecer los procesos de investigación, contratación y monitoreo de terceros, así como el control de pagos a terceros a través de una herramienta de software patentada.

Establecer procesos de evaluación de riesgos y auditoría para revisar y actualizar periódicamente el programa de cumplimiento y mitigar los riesgos comerciales.

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