El cuarteto del terror judicial

En un reciente conciliábulo del brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro, encabezado unos días antes de las elecciones presidenciales por el Fiscal General oficialista, Tarek William Saab, junto a la actual Presidenta del Circuito Penal de Caracas y exfiscal, Katherine Haringhton, se afinaron algunos detalles de la máquina represiva que debía activarse apenas se consumara la proclamación fraudulenta de Maduro como presidente reelecto de Venezuela, que en efecto ocurrió al cierre de la jornada comicial del 28 de julio.

Con la hipótesis de trabajo de que la maniobra electo-judicial en ciernes provocaría protestas, los participantes se dispusieron a diseñar medidas para prevenirlas o aplacarlas. En las calles tendrían que desplegarse la fuerza bruta y la crueldad de los cuerpos de seguridad, cómo no, pero entre las vueltas de tuerca que se prepararon destacó la activación de una segunda línea de ataque: los Tribunales de Terrorismo, una novedosa jurisdicción que el chavismo-madurismo instauró en 2012 y que, desde al menos hace tres años, pasó a actuar como una virtual fuerza de tarea para procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora.

Desde Caracas vienen actuando durante las últimas cuatro semanas los cuatro jueces encargados de la instancia. No le han hecho ascos a su misión; de hecho, siguen al pie de la letra un patrón común de arbitrariedades que espeluzna: niegan el acceso a los expedientes de los detenidos, a quienes procesan sin miramientos, sin posibilidad de nombrar abogados de confianza, siempre tras las rejas, por fuera y lejos de sus jurisdicciones naturales, a veces por grupos -por lo tanto, sin considerar las circunstancias de cada caso individual- y de forma telemática.

Cuando hace algunos años el venezolano Carlos Armando Figueredo tradujo Los Juristas del Horror, el clásico de Ingo Müller sobre la justicia en la Alemania nazi, tal vez no imaginó que esa advertencia con fundamentos históricos reencarnaría en su propio país a través de los jueces Carlos Liendo, Ángel Betancourt, Franklin Mejías y Joel Monjes. Un quinto juez, Edward Briceño, ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio.

Constituidos en una máquina de terror, los cuatro jueces de esta historia forman parte de una operación de castigo que, según fuentes consultadas por Armando.info, se desarrolla bajo la conducción remota de la magistrada Elsa Gómez Moreno, desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La magistrada es cercana a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La conexión entre Gómez Moreno y la Primera Dama o Primera Combatiente, como la jerga revolucionaria prefiere llamarla, pasa por la sobrina de la magistrada, Jennifer Karina Fuentes, quien fue pareja de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.

Y no siempre es remota la instrucción. El 3 de agosto, apenas seis días después de las elecciones presidenciales, según dejó ver en su cuenta de Instagram, la magistrada Gómez Moreno hizo un recorrido junto a Haringhton “por los Tribunales con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional (…) con la finalidad de fortalecer los procesos que implementa cada tribunal en el desarrollo de una justicia eficiente”. Una evidencia del rol clave que el régimen ha concedido a esta jurisdicción para sofocar cualquier revuelta en las circunstancias actuales.

Rápido y furioso

La de los tribunales de terrorismo es una jurisdicción armada con escasos mimbres legales por el TSJ a partir de 2012. Haciendo bueno su nombre, fue concebida para juzgar casos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Pero casi desde su creación, y especialmente ahora, ha venido estirando la acepción clásica de la palabra “terrorismo” -léase, cualquier acto violento que busque generar terror en la población-, hasta llegar a una definición más amplia que comprende cualquier acto de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

La imparcialidad no es, por lo tanto, uno de los requisitos para presidir esos juzgados. Y precisamente un juez que se ufana, sin ruborizarse, de su cercanía con el propio Maduro es Carlos Enrique Liendo Acosta, a la cabeza del Tribunal 2° de Control contra la Corrupción y el Terrorismo.

Un par de fuentes señalan que el evento que marcó un giro en la carrera del abogado Liendo Acosta, bastante gris hasta ese momento, fue su nombramiento como fiscal provisorio en la Fiscalía 40ª del Área Metropolitana de Caracas. Resultó todo un golpe de suerte. En esas funciones hizo migas con Katherine Haringhton, sancionada por Suiza, Reino Unido y la Unión Europea bajo señalamientos de ser “responsable de socavar la Democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, entre otras cosas al iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y no investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro”. Temprana aliada judicial del chavismo, en el rol de fiscal del Ministerio Público fue la acusadora en casos de alto perfil, como los del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de la dirigente opositora, María Corina Machado. Hoy Haringhton se desempeña como jueza-presidenta del Circuito Penal de Caracas. 

En el poco tiempo que lleva al frente del tribunal que le fue asignado, Liendo Acosta se ha ganado la fama de ser “el más implacable” entre sus pares de la justicia antiterrorista. De acuerdo con esa reputación, se le confían los procesos más sobresalientes y con mayor significación política. Sobre su escritorio, por ejemplo, se encuentra el caso de la llamada Operación Brazalete Blanco, por la que en 2023 supuestamente se planeaba un atentado contra Nicolás Maduro y el derrocamiento del gobierno. Las diligencias de Liendo Acosta en torno al caso han llevado a prisión a una treintena de militares, incluyendo al capitán Anyelo Heredia, y a la abogada y activista Rocío San Miguel, a quien el tribunal relaciona con el presunto complot y la acusa por los delitos de traición a la patria, conspiración y, claro está, terrorismo.

Ya durante la crisis política y de orden público desatada por las elecciones presidenciales, Liendo Acosta arrimó el hombro para levantar un cerco judicial en torno a María Corina Machado. Por ejemplo, fue quien imputó a Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, jefes regionales del comando de campaña del partido Vente Venezuela, que Machado dirige, detenidos en enero de este año y a cuyos abogados Liendo no ha permitido juramentarse hasta la fecha.

También los casos del periodista y dirigente vecinal, Carlos Rojas, y del dirigente del partido Voluntad Popular, Jeancarlos Rivas, están desde este año en el despacho de Liendo Acosta, quien ha negado a sus defensores el acceso a los expedientes.

La confianza del régimen en Liendo Acosta quedó de manifiesto este mismo año cuando se le encargó procesar a los altos jerarcas del chavismo caídos en desgracia tras su participación presunta en la trama del caso Pdvsa-Cripto, entre ellos, el exministro y exvicepresidente de la República, Tareck El Aissami; Simón Zerpa, expresidente del Banco Central de Venezuela; Joselit Ramírez, extitular de la clausurada Superintendencia Nacional de Criptoactivos; Hugbel Roa, exdiputado del chavismo; y Antonio Pérez Suárez, oficial del Ejército y exvicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal Pdvsa.

La confianza del fiscal

Acerca de Ángel Betancourt Martínez, documentos oficiales evidencian que desde que tenía 28 años el joven juez, hoy de 36 años de edad, estaba abriéndose un camino en la justicia venezolana, permeada por los caprichos y mandatos del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno. Entonces, en septiembre de 2017, fue designado fiscal provisorio por la Vicefiscalía General de la República, en servicio para la Dirección de Delitos Comunes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas (hoy La Guaira).

Poco después, en enero de 2018, desde la Fiscalía 59 del Ministerio Público con Competencia Nacional, tuvo su primera gran actuación de corte político al solicitar el inicio de las diligencias de extradición desde España de Rolando José Figueroa Martínez, militante de Voluntad Popular.

En noviembre de ese mismo año fue nombrado fiscal con competencia nacional. Dos fuentes consultadas señalan que, como fiscal, Betancourt resultó un funcionario muy eficiente para la causa chavista y que así entró a formar parte del círculo de confianza de Tarek William Saab, lo que le catapultó en 2023 como titular del Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas. Las mismas fuentes aseguran que fue Saab quien lo postuló poco antes de las elecciones del 28 de julio para estar al frente del Tribunal Tercero de Control para el Terrorismo, previendo que allí fuera de mayor utilidad para la causa madurista.

Al apenas pisar el tribunal de terrorismo, Betancourt empezó a actuar con rapidez y cierta perfidia; pero, al mismo tiempo, tuvo que abandonar su relativo anonimato. Al menos una denuncia en medios ya lo dejó expuesto recientemente ante el público: una ciudadana, Enma Mendoza, relató a reporteros del portal El Pitazo que su hermano, Pedro Antonio Mendoza, había sido blanco de una imputación exprés emitida desde Caracas por Betancourt, quien le asignó un defensor público y ordenó mantenerlo preso en la comandancia de la policía del estado Portuguesa, en los Llanos Occidentales de Venezuela, mientras se resuelve su eventual pase a juicio.

El indiciado, Pedro Antonio Mendoza, ayudante de albañilería, fue detenido en Guanare, la capital de esa provincia, durante la tarde del 29 de julio. Un grupo de personas, que protestaba contra los resultados de la elección presidencial anunciados la madrugada anterior por el Consejo Nacional Electoral (CNE), derribó una estatua de Coromoto, el cacique aborigen local ante quien, según la tradición, en 1652 se habría aparecido la Virgen, actual patrona de Venezuela. En el hecho, fuerzas policiales detuvieron a varios manifestantes y a transeúntes ocasionales; Pedro Antonio, asegura la familia, era uno de estos últimos.

Un alguacil con agallas

Hasta el año pasado muy poco se sabía de Franklin Mejías Caldera, Juez 4° de Control con Competencia en Terrorismo, pero algunas fuentes señalan que, con apenas 38 años, alcanzó esa cota gracias al patrocinio y tutela de Katherine Haringhton.

La memoria que de Mejías ha quedado en los pasillos del Palacio de Justicia en Caracas corresponde más a la época en la que se desempeñaba como alguacil, el funcionario que en los tribunales se encarga de la recepción y distribución de documentos. También fue secretario, hasta que llegó a juez. 

Mejías Caldera sustituyó en el Tribunal 4to de Terrorismo a su anterior titular, José Macsimino Márquez, reconocido hasta entonces como uno de los jueces más severos del chavismo. Entre otros casos, Márquez dictó las condenas del dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, así como también del periodista y activista político, Roland Carreño. Fue ejecutor de las medidas más duras contra la presa política Carla Da Silva, vinculada a la Operación Gedeón, y ordenó prolongar la detención de 12 indígenas pemones implicados en ataques a dos bases militares en el estado Bolívar en 2019; uno de estos, Salvador Franco, fallecería por falta de atención médica. A pesar de tantos favores para el régimen, Macsimino Márquez fue detenido en marzo de 2023 por la Policía Nacional contra la Corrupción como parte de un operativo contra la corrupción ordenado por Maduro.

En línea con esos estándares, el sucesor de Márquez en el juzgado, Franklin Mejía, despachó en 2023 dos casos con mucha resonancia política: el del estudiante John Álvarez, militante del partido Bandera Roja, y el de Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate, fundada por María Corina Machado.

John Álvarez, estudiante de Antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenido el 30 de agosto de 2023 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que lo mantuvieron al menos 24 horas en desaparición forzosa. Álvarez fue vinculado al caso de seis sindicalistas de Guayana condenados a 16 años de cárcel por liderar una protesta de empleados públicos en rechazo al ajuste salarial, aún más a la baja, impuesto tras la aplicación de un nuevo tabulador de salarios dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Aquellas protestas fueron calificadas como “subversivas” y “parte de una conspiración” por parte de la Fiscalía.

Joel García, el abogado de Álvarez, denunció en esa oportunidad que su cliente fue torturado con descargas eléctricas y golpes, y sometido a amenazas con arma de fuego para incriminarse. La acusación contra Álvarez se basó sobre el relato de un informante anónimo presentado por el Ministerio Público de Tarek William Saab, el fiscal designado por la írrita Asamblea Constituyente de 2018. Esa declaración fue admitida sin objeciones por el juez Mejías, quien consideró procedente la información de un patriota cooperante, como la neolengua del chavismo denomina a sus soplones. 

Sobre esa base se llevó a juicio al joven de 24 años, a la postre sentenciado a 16 años de prisión. Sin embargo, Álvarez pasaría solo cuatro meses en la cárcel. El 24 de diciembre de 2023 salió del cautiverio en el marco del intercambio de prisioneros pactado entre Washington y Caracas que también benefició a Alex Saab, el proveedor favorito de Maduro, quien hasta entonces completaba un poco más de dos años esperando en una prisión de Miami por un juicio. 

Por su parte, el presidente de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul, fue detenido el 6 de diciembre de 2023 y estuvo en situación de desaparición forzada por más de 48 horas. En aquel momento, el director de la organización Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, hizo saber que Abdul había sido presentado en una audiencia “a escondidas” ante el Tribunal 4° de Control con Competencia en Terrorismo, del juez Franklin Mejías, que se llevó a cabo en las instalaciones de El Helicoide, la construcción de los años 50 en el suroeste de Caracas que la policía política convirtió en su sede y centro de reclusión y torturas. Allí fue acusado de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Abdul fue liberado el 20 de diciembre 2023, también como parte del grupo de presos políticos excarcelados a raíz del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

Al momento de cerrar esta edición, circulaban rumores según los cuales Mejías habría sido retirado súbitamente del cargo. El abogado y exfiscal, Zair Mundaray, que el 23 de agosto se hizo eco de esas versiones en su cuenta de la red X, antes Twitter, dijo a los reporteros de Armando.info que desconocía las razones de la posible destitución.

Sin consideración para los menores de edad

Salvo algunas excepciones, los familiares de los detenidos en el marco de las protestas acaecidas tras el fraude electoral hablan muy poco con la prensa. El miedo ante la incertidumbre, así como frente a la absoluta discrecionalidad que los jueces de los tribunales de terrorismo ejercen sobre los destinos de sus familiares, ha creado un halo casi impenetrable de silencio. Aún más cuando los detenidos son menores de edad.

A pesar de esos obstáculos, para esta historia se pudo confirmar la existencia de un hasta ahora ignoto Tribunal de Control de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Materia de Terrorismo, a cargo del juez Joel Abraham Monjes, de 58 años y con larga trayectoria dentro del Poder Judicial en roles de fiscal, vicefiscal y defensor público, siempre relacionado con el área penal y de delitos comunes.  

A diferencia de los otros jueces nombrados para procesar delitos de terrorismo, Monjes no se ha apuntado todavía ningún punto a su favor por la gestión de un caso de importancia. De hecho, personas que lo conocen y confirman su nombramiento en esa instancia, al hablar con Armando.info se mostraron sorprendidas por que Monjes haya aceptado esa “ingrata tarea”.

“En la fiscalía tuvo una actuación siempre ajustada a derechos y garantías. No se le conocieron acciones de corrupción o de índole parecida”, dice un colega que conoce su trayectoria. Otro fue aún más allá: “Era un defensor público muy apreciado (…) no me explico qué hace allí. Ni es ignorante, ni lo tengo por mala persona. Tampoco lo tengo por chavista”.

A pesar de esos testimonios atenuantes, la madre de un menor detenido confirma que Monjes no ha tenido problema en acogerse al patrón de la criminalización de la protesta. No permite a los acusados la designación de defensores propios y les deja ver a sus parientes apenas dos veces a la semana. La gota que ha rebasado la angustia de los padres es que el despacho de Monjes se declaró en “receso judicial” hasta el 15 de septiembre, aún cuando la jurisdicción en materia penal no cuenta con tal prerrogativa.

Mientras el tiempo corre para todos los presos políticos, el régimen de Nicolás Maduro parece haber disminuido, mas no cesado, el empuje represivo con el que pretende aterrorizar y desmovilizar las manifestaciones en su contra. Hasta el cierre de esta edición, la organización Foro Penal Venezolano ha identificado un total de 1.674 (107 adolescentes) detenidos durante el último mes y que encajan en la categoría de presos políticos. “El mayor número de presos políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI”, afirmó la organización en un mensaje de su cuenta en X.

De ellos, un número incierto, pero seguramente mayoritario, se encuentra haciendo fila para ser procesado por la máquina del terror judicial que el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha.

Tomado de El cuarteto del terror judicial

La entrada El cuarteto del terror judicial se publicó primero en El Faro del Morro.