¿Hasta cuándo será viable la subvención de combustibles en Bolivia?

¿Cuánto más pueden soportar las finanzas públicas por mantener la populista subvención de combustibles en Bolivia? Este es el centro debate que se libra en la nación altiplano que se bate, ya no solamente en una crisis política, sino también económica y energética.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que la subvención del combustible viene afectando de manera gradual las arcas del Tesoro General de la Nación y advirtió que tal “como estamos, no vamos a poder seguir adelante”.

“Es un asunto muy costoso, quizás más costoso que enfrentar su levantamiento gradual, paulatino, sistemático, estratégico y sectorial (…) para que poco a poco nos vayamos liberando de este lastre que afecta a todo el país”, manifestó Arce.

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Consulta popular

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que para este año 2024, la subvención alcanzará los USD 4000 millones, una cifra de la que 30 % se pierde en contrabando. En tal sentido conminó al pueblo boliviano a que concientice sobre este significativo gasto y la viabilidad del mismo.

En enero de 2024, Luis Arce aseguró que no retiraría la subvención de combustibles en Bolivia, pues ello afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad. Como alternativa dijo en aquel entonces, que la solución estaba en la producción de biodiesel para reducir así la importación de carburantes.

Transcurridos algunos meses, el mandatario boliviano quiere dejar el asunto en las manos del pueblo y propuso la realización de una consulta popular, un referendo para preguntar a la población si está de acuerdo con la continuidad o no de esta medida.

Situación insostenible

Se trata de un debate fundamental, toda vez que el país se encuentra sumergido en una gran crisis económica y energética que hace insostenible mantener la subvención de combustibles.

Dado que los precios internacionales de los combustibles afectarían considerablemente la economía en razón de que el país importa el 58 % de la gasolina y el 86 % del diésel que se consume internamente, el sistema de subsidios ha sido una política de larga data.

El subsidio permite al consumidor pagar un precio de USD 0,53 por litro, es decir, muy por debajo del promedio internacional. El costo de esta subvención se ha disparado y la protección de los consumidores durante años, ha llevado al colapso las finanzas públicas.

El contrabando, facilitado por la disparidad de precios, provoca pérdidas estimadas en unos USD 600 millones. La situación que se agrava por la escasez de divisas y la caída de la industria petrolera. Esto llevó al gobierno de Luis Arce a plantear la viabilidad de esta política por más tiempo.

Un costoso lastre

En ese mismo acto de enero citado anteriormente, Luis Arce aseguró que no se aplicarían recetas neoliberales: “nuestro gobierno no reduce salarios, ni recorta la inversión pública, ni privatiza nuestras empresas y recursos naturales, ni levanta la subvención a los hidrocarburos, ni alinea nuestra política exterior a los mandatos imperiales”.

Pero ahora, la realidad lo ha llevado a reconocer públicamente que la subvención de los combustibles, aunque popular, se ha convertido en un “lastre” financiero. Según sus declaraciones, esta medida drena significativamente las arcas del Tesoro General de la Nación.

Y no fue una afirmación lanzada al azar, pues la gravedad situación llega al punto de poner en riesgo la estabilidad económica del país. El presidente advirtió que, de mantenerse la situación actual, Bolivia podría enfrentar serias dificultades para continuar adelante.

Pero, ¿es el referendo la solución adecuada?

La propuesta del referendo de Arce no es bien vista por la oposición boliviana. El gobierno ha referido que la consulta popular podría llevarse a cabo el 1 de diciembre de 2014 junto a las elecciones judiciales.

Allí se le consultaría a la población acerca del futuro de la subvención para diésel y gasolina: si están de acuerdo en mantener la subvención, a pesar del alto costo económico y las consecuencias negativas asociadas, como el contrabando, la escasez de divisas y el desabastecimiento de combustibles.

La senadora opositora, Andrea Barrientos, criticó la propuesta del referendo con la advertencia de que las preguntas son “tramposas” por su complejidad. Alertó que la realización de la consulta popular no ofrece una ruta clara sobre cómo se levantaría la subvención si se decide hacerlo.

Nuevas medidas gubernamentales

Luis Arce anunció la introducción de un nuevo tipo de gasolina de alto octanaje, la Ultra Premium 100, cuyo precio será más elevado.

Entretanto, el gobierno de Luis Arce anunció la introducción de un nuevo tipo de gasolina de alto octanaje, la Ultra Premium 100, cuyo precio será más elevado y estará sujeto a las variaciones internacionales del petróleo.

Además, el precio de la gasolina Premium aumentó de 4,79 a 5,71 bolivianos por litro, mientras que los precios de la gasolina especial y el diésel se mantienen sin cambios por el momento.

Implicaciones del levantamiento de la subvención

El levantamiento gradual de la subvención de combustibles, tal como lo sugiere el presidente Arce, podría tener varias implicaciones. Veamos cuáles:

Impacto económico

Si bien aliviaría la carga sobre las finanzas públicas, también podría desencadenar un aumento en los costos de transporte y producción, lo que impactará negativamente a la economía en general y a los sectores más vulnerables en particular.

Inestabilidad social

Los aumentos de precios de combustibles históricamente han desencadenado protestas y disturbios en Bolivia. La posibilidad de que se repita este escenario es alta, especialmente en un contexto de crisis económica.

Contrabando

Sin un control efectivo, el levantamiento de la subvención podría, paradójicamente, aumentar el contrabando si los precios internos se alinean con los internacionales, pero sin los mecanismos adecuados para controlarlo.

Dependencia energética

La crisis actual subraya la necesidad de diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de las importaciones. Sin embargo, este es un desafío a largo plazo que requiere inversiones significativas y una planificación estratégica que hasta ahora ha sido insuficiente.

Conclusión: dejar atrás o no el populismo

El debate sobre la subvención de combustibles en Bolivia es básicamente una discusión acerca de la conveniencia o no de implementar medidas económicas populistas y el costo de las mismas.

Se plantea —en medio de una gran tensión— la conveniencia de mantener la estabilidad económica y la presión por satisfacer las demandas sociales en un contexto de crisis.

La propuesta de un referendo trae más preguntas que respuestas, en un momento en que el país enfrenta decisiones difíciles sobre su futuro energético y financiero.

El gobierno de Luis Arce deberá navegar cuidadosamente entre las presiones internas y las realidades económicas para encontrar una solución que evite un colapso mayor y garantice la sostenibilidad a largo plazo del país.

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