Las consecuencias de la las expropiaciones de Chávez: en tribunal de Columbia, esposo e hijastra de Irene Sáez buscan cobrar más de USD 350 millones con bienes de PDVSA
Las consecuencias de la las expropiaciones de Chávez y su gobierno irresponsable se siguen padeciendo hoy día. Otro ejemplo de ello es la demanda que Serafín García Armas y Karina García Gruber —esposo e hijastra de Irene Sáez— presentaron ante el Tribunal de Columbia contra Venezuela y a PDVSA, a objeto de cobrar —con bienes de la petrolera venezolana— el precio de una sentencia a su favor por USD 351 502 477,75.
En 2010, el finado expresidente Hugo Chávez exclamaba aquí y allá “¡exprópiese! y sus adláteres obedecían y arbitrariamente despojaban de sus propiedades a quien le diera la gana al dictador, sin tener que ver si era legal o no. Entre los bienes expropiados en aquel año estuvieron Alimentos Frisa C.A. y Transporte Dole C.A., propiedad de García Armas y García Gruber, quienes acudieron a al Tribunal Arbitral Internacional a cargo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y este condenó a Venezuela a pagarles USD 366 millones por concepto de indemnización.
Ahora piden ante la referida corte estadounidense, el reconocimiento de la sentencia dictada por un tribunal francés contra la República Bolivariana de Venezuela y permitir su ejecución contra el país y su alter ego Petróleos de Venezuela S.A.
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La demanda
El 10 de octubre de 2024, los demandantes, a través de su abogado Christopher Provenzano, presentaron una demanda de alivio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en la que solicitan un fallo a su favor que establezca:
El pago a Serafín García Armas de la cantidad de USD 242 417 598,33, más intereses post-Laudo a la tasa del mismo hasta la fecha en que se dicte sentencia, así como intereses de acuerdo a la legislación estadounidense.
El pago a Karina García Gruber por la cantidad de USD 94 597 339,22, más intereses post-Laudo a la tasa del mismo hasta la fecha en que se dicte sentencia, al igual que los intereses que establece la legislación de EE. UU. en la materia.
El pago a favor de los acreedores de la sentencia en forma conjunta por la cantidad de USD 14 487 540,20, más intereses posteriores al laudo a la tasa del laudo hasta la fecha en que se dicte la sentencia, más intereses posteriores al laudo a la tasa prevista en el Título 28 del Código de los Estados Unidos, artículo 1961.
CompensaciónAcreedor judicialMonto inicialInterés previo a la adjudicaciónInterés posterior a la adjudicaciónTotalSerafín García Armas USD 99 677 396,88 USD 66 696 006,60 USD 76044 194,85 USD 242 417 598,33Karina García Gruber USD 38 896 584,20 USD 26 026 430,44 USD 29 674 324,58 USD 94 597 339,22Acreedores judiciales solidarios USD 9 942 930,66 N/A USD 4 544 609 USD 14 487 540,66TotalUSD 148 516 911,74USD 92 722 437,04USD 110 263 128,97USD 351 502 477,75
El laudo
Dado que Serafín García Armas y Karina García Gruber poseen nacionalidad española, el 2012 invocaron el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito por Venezuela y el Reino de España en 1995.
Sus inversiones en Venezuela, a saber, Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., cuyo objeto era la importación y distribución de alimentos. En mayo de 2010 sus instalaciones fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por el gobierno nacional. Al momento de llegar al poder el chavismo, García Armas era un importante distribuidor de alimentos en Venezuela, con una amplia red de transportes que facturaban más de USD 400 millones anuales.
El 26 de abril de 2019, la expropiación fue reconocida en un laudo final luego del arbitraje entre las partes el cual tuvo lugar en París. Después, Venezuela pidió la anulación del fallo y el Tribunal de Apelaciones de París en fecha 24 de octubre de 2023, anuló una parte del laudo y reconoció el resto. La anulación versó sobre la parte del laudo que otorgaba a Serafín García Armas la cantidad de USD 75 677 393,94 por daños y perjuicios, más USD 50 637 156,71 en intereses.
Los argumentos de los demandantes
Serafín García Armas y Karina García Gruber subrayan que consideran que el Tribunal de Columbia tiene competencia material para conocer su causa en razón de que el “tratado u otro acuerdo internacional vigente en los Estados Unidos que exija el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales” aplicable es la Convención de Nueva York.
Recuerdan que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) concede a los tribunales estadounidenses jurisdicción cuando una sentencia extranjera se basa en un laudo arbitral extranjero.
Sostienen que la sentencia francesa es concluyente y plenamente ejecutable contra Venezuela y PDVSA. Agregan que Venezuela consintió en el arbitraje y participó en el proceso, por lo que no puede reclamar inmunidad y se demostró su incumplimiento del Tratado.
Con base en el caso de Crystallex, los demandantes se acogen al argumento de que PDVSA es un alter ego de Venezuela, por lo que su propiedad en el Distrito de Columbia está sujeta a ejecución.
Rabo de paja
Serafín García Armas e Irene Sáez en su boda
Ahora bien, hay que dejar claro que el perfil de Serafín García Armas no se muestra impoluto, pues su historial está lleno de señalamientos que, si bien comenzó a su arribo a Venezuela en los años ´70 como dispensador de gasolina, llegó a dominar el mercado importador de frutas en el país y expandió sus negocios a otras áreas.
En 1994, su nombre se vio envuelto en un escándalo cuando figuró en una investigación del extinto Congreso de la República que lo señalaba de obtener de manera fraudulenta dólares preferenciales para importar frutas exóticas, peces de colores y ajos chinos contaminados.
Se dijo, años más tarde que los embutidos españoles importados por él y que eran vendidos por Central Madeirense y Automercados Plaza estaban contaminados con la cepa de fiebre porcina y su venta había sido prohibida en España.
Tiempo después, Serafín García Armas compró acciones del Ocean Bank of Miami que fue investigado por la DEA por, presuntamente, estar involucrado en el lavado de dinero. Esta acusación —como tampoco las anteriores— prosperó y, más bien, logró compró Ocean Mazda, institución con la exclusiva de comercializar vehículos Mazda en el estado de Florida.
El Ministerio Público dictó órdenes de aprehensión contra Sebastián García Armas, Serafín García Armas, Pedro García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero y Domingo García Cámara por el desfalco de USD 49 millones mediante la sobrefacturación y la simulación de importaciones de alimentos para recibir dólares preferenciales a través de la Cadivi (1).
La fiscalía de Chile lo comenzó a investigar en 2007 por evasión fiscal en 2005 cuando exportaba frutas, pescados y harinas de pescado con sobreprecio hacia Venezuela, específicamente a sus empresas Alimentos Frisa y Friosa. En 2014 presentaron una querella en su contra por USD 80 millones (2) (3).
Fuentes consultadas:
1) Corruptómetro. (13 de abril de 2023). “Ministerio Público revela que caso de importación de alimentos provocó desfalco de 49 millones de dólares”. Disponible en: https://corruptometro.org/casos/ministerio-publico-revela-que-caso-de-importacion-de-alimentos-provoco-desfalco-de-49-millones-de-dolares-390/
2) Corruptómetro. (13 de abril de 2023). “Fiscalía de Chile investiga evasión tributaria que vincula a empresas de Venezuela”. Disponible en: https://corruptometro.org/casos/fiscalia-de-chile-investiga-evasion-tributaria-que-vincula-a-empresas-de-venezuela-414/
3) Hurtado, Jesús. (19 de julio de 2018). “El oscuro pasado de Serafín García, el esposo de Irene Saéz”. En Tal Cual. Disponible en: https://talcualdigital.com/el-oscuro-pasado-de-serafin-garcia-el-esposo-de-irene-saez/
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