Los operadores (no tan) ocultos bajo el manto del último glaciar

Aunque parezca paradójico, hoy no resulta imperativo ser glaciólogo, astrofísico o geomorfólogo para participar en la misión, de cualquier otra manera muy compleja y especializada, de conservar el último glaciar de Venezuela. Como tampoco hace falta ser experto en cambio climático o estudioso de esas masas de hielo acumuladas, y ahora en vías de una segura extinción, en los picos más altos de los Andes venezolanos. 

Eso es lo que sugiere lo que va hasta ahora de la operación, súbitamente anunciada en diciembre de 2023 por el gobierno de Nicolás Maduro, para al menos ralentizar con un método experimental -tender un manto térmico- el deshielo del glaciar La Corona del Pico Humboldt, a 4.942 metros de altura, en áreas del Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida.

El esfuerzo ha coaligado a una organización privada, la Fundación Probiodiversa, junto al Ministerio de Ecosocialismo (Minec), el Instituto Nacional de Parques (Inparques), el Observatorio Nacional de la Crisis Climática (ONCC), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la gobernación del estado Mérida, controlada por el oficialismo chavista.

Entre los entendidos en materia ambiental causó gran extrañeza que una organización creada originalmente para la protección de la diversidad biológica de Venezuela, y que hasta 2021 se limitaba a impulsar campañas conservacionistas para salvar a especies amenazadas como el venado paramero, o de cola blanca, de Mérida (Odocoileus lasiotis), haya reaparecido a finales de 2023 como socio de la cruzada en defensa del último glaciar de Venezuela, que se derrite sin remedio por causa del cambio climático global.

Esa cruzada supone cubrir una porción del glaciar con unas mallas geotextiles que reflejan los rayos del intenso sol de latitudes casi ecuatoriales. El 6 de diciembre, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, recibió en la aduana del puerto de La Guaira 35 rollos del material geotextil, cada uno con un peso de 80 kilos y medidas de 2,75 metros de ancho por 80 de largo. Además del propósito mismo del acto, llamó la atención que el funcionario apareciera acompañado por el biólogo Alfredo Riera Seijas, director de la Fundación ProBiodiversa, quien afirmó, para subrayar la importancia de la ocasión, que “ningún país se ha atrevido a proteger los glaciares tropicales en proceso de desaparición”. 

Desde entonces, Riera Seijas comenzó a figurar en todos los eventos oficiales relacionados con el manto del glaciar. Solo los reportes de comercio exterior arrojan pistas sobre las razones de esta exposición pública y de la participación de ProBiodiversa.

Porque, aún si el Minec aseguró en sus boletines que las bobinas de material geotextil, que llegaron finalmente el 9 de diciembre a la ciudad de Mérida, a los pies del pico Humboldt, habían sido adquiridas por el gobierno bolivariano, la realidad es otra. Según bases de datos internacionales de importación-exportación, como se ve en las capturas de pantalla adjuntas de los sitios Importgenius y 52wmb, la adquisición estuvo a cargo de ProBiodiversa. 

Misión imposible

Para buena parte del sector ambientalista de Venezuela, Probiodiversa es una ONG desconocida. Solo una investigadora, entre ocho prominentes defensores del medio ambiente consultados para este reportaje, sabía de su existencia. Esta entidad privada fue registrada en Mérida en 2010 por un grupo de biólogos de la Universidad de Los Andes (ULA). 

Tampoco la conocían la mayoría de los merideños que el reciente 7 de marzo se acercaron a la Plaza Bolívar de esa capital andina a estampar su firma para solicitar al Minec y a la gobernación local la suspensión del emplazamiento del manto geotextil. “Primera vez que escucho ese nombre”, fue la frase que más repitieron asistentes y transeúntes al ser consultados por una reportera de Armando.info acerca de su conocimiento de ProBiodiversa.

Los peticionarios consideran que este cobertor no cumple con los controles previstos en la legislación venezolana vigente y que podría afectar el frágil ecosistema del Parque Nacional Sierra Nevada.

La llamada Operación de Protección del Glaciar del Humboldt fue lanzada sobre la marcha y en el último minuto, como corresponde a una carrera contra el reloj. De hecho, se anunció al país como un hecho consumado, cuando el polipropileno importado ya había llegado por barco a Venezuela. 

El gobierno de Maduro quiere exhibir la operación como un plan piloto que convertiría a Venezuela en el país pionero en ejecutar acciones contra el deshielo de los glaciares tropicales. El mismo Riera Seijas ha insistido en que se trata de un proceso sin precedentes y experimental. “Los monitoreos nos irán indicando los siguientes pasos a tomar en el devenir de la investigación”, dijo durante la presentación oficial del proyecto en Mérida, el 9 de diciembre pasado.

Las organizaciones ambientalistas que se han pronunciado en contra del proyecto cuestionan, sin embargo, el carácter improvisado de las decisiones que condujeron a la operación. A través de una serie de comunicados, un nutrido grupo de ecologistas, montañistas, gremios profesionales y académicos, entre los que destacan la Asociación Merideña de Andinismo, investigadores del cambio climático de la ULA, Suneinparques y el Colegio de Geógrafos capítulo Mérida, se han movilizado en contra de la operación del glaciar del pico Humboldt.

Denuncian, por ejemplo, que no se realizaron estudios de impacto ambiental de una intervención de ese tipo en el Parque Nacional Sierra Nevada, una premisa que la propia Constitución vigente exige. La zona que se interviene es además un hábitat que, por sus características geográficas, paisajísticas y ecológicas, conforma un Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), que requiere por lo tanto un manejo excepcional destinado a su preservación. Se teme que la aplicación del manto, con un total de tres toneladas de peso, libere microplásticos que contaminen el ecosistema de esas grandes alturas.  

Otro punto controversial es el del protocolo de seguridad para su instalación, que no se ha hecho público. 

Expertos como el investigador de geomorfología glaciar, Maximiliano Bezada, y el profesor de la ULA, Juan Carlos Rojas, aceptan que los geotextiles sí han mostrado resultados positivos en montañas del hemisferio norte, como en los Alpes suizos. Pero allí se tienden sobre la nieve y no de manera continuada, sino solo durante el verano, para proteger pistas de esquí que quedan al descubierto en invierno.

Aún así, en la próspera Suiza se determinó que el uso de mantos geotextiles, si bien pudiera ser eficaz, resulta demasiado costoso. Fue la conclusión a la que llegaron en 2021 investigadores de la Universidad de Friburgo. Teniendo en cuenta que el costo promedio de un kilómetro cuadrado de manto está alrededor de 4.550 dólares, el precio de proteger los 1.000 kilómetros cuadrados de glaciares suizos, a menos altura que los picos nevados de Mérida, se elevaría a 4.500.000 de dólares. Una inversión que tal vez Suiza pueda permitirse por los ingresos de sus demandadas estaciones de esquí en la temporada invernal. 

Desde el lanzamiento de la operación, las autoridades oficiales han asegurado que el proyecto cuenta con el apoyo de científicos, ecologistas y académicos de la Universidad de Los Andes. Pero las más reconocidas asociaciones ambientalistas y profesionales se han desmarcado, afirmando que nunca fueron consultadas. Coinciden, en cambio, en exigir explicaciones a las autoridades regionales y nacionales. 

Para colmo, en la comunidad científica existe un consenso sobre la inutilidad de la operación. Desde 2010, el glaciar La Corona del Pico Humboldt ha perdido 99% de su superficie. “En el último siglo pasó de ser un enorme mar blanco a un cubo de hielo”, describe el investigador Bezada la enormidad de una pérdida casi total. Hoy apenas cubre 1,8 hectáreas según el Minec, equivalentes a dos plazas Bolívar de la ciudad de Mérida. Si se derrite a una velocidad de una hectárea por año, según datos que manejan los investigadores que han seguido su evolución, el cálculo es sencillo: en dos años el glaciar desaparecerá. Así de cerca está de su fin, en un planeta perturbado por el calentamiento global.

De España a Venezuela en barco

La compra del geotextil se hizo de manera expedita si se toman en cuenta las fechas entre las que fue propuesto a Maduro y la primera escala del material geotextil en el puerto de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos, antes de tocar costas venezolanas. La idea del manto térmico para salvar el glaciar surgió durante el Congreso Internacional de la Crisis de Cambio Climático, celebrado en Mérida el 9 de octubre de 2023, según reveló el gobernador Jehyson Guzmán. Diecinueve días después, la importación del polipropileno ya se registraba en el muelle norteamericano.

Cuatro días después de que el manto geotextil llegara a Mérida, Nicolás Maduro declaró en su programa semanal de televisión, Con Maduro+, que la comunidad internacional debía acelerar el financiamiento para mitigar el cambio climático, sobre todo en los países del sur. Ya en mayo de 2022, en el marco del Primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático, había anunciado la creación de un “fondo nacional rotatorio” de apenas 10 millones de bolívares (un poco más de 2,18 millones de dólares, al cambio oficial) para atender la crisis climática. 

Geotexan S.A es la fabricante del polipropileno que compró la Fundación ProBiodiversa para la operación de salvamento del glaciar del pico Humboldt. Según el sitio web de esta empresa, localizada en la cuenca minera de Huelva, España, desde 2004 produce y comercializa geosintéticos aplicables para obras de ingeniería civil, paisajismo, construcción y minería. Aunque en su catálogo de proyectos no destacan los geosintéticos para el manejo de glaciares, el 28 de julio de 2021 recomendó en Facebook su uso para protegerlos. 

Se intentó obtener la versión de Geotexan así como de Botexgeo, propietaria de 100% de las acciones de la fábrica de Huelva. Se enviaron sendas peticiones de entrevista en seis oportunidades vía correo electrónico, pero hasta el momento del cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.  

El acuerdo bajo el manto 

La Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela indica los caminos formales a seguir en el caso de compras del Estado en el extranjero. Según la normativa, tras certificar que el producto a adquirir no es fabricado en el país, el organismo público debe llamar a concurso cerrado internacional con al menos cinco compañías de otros países oferentes del producto en cuestión. 

La contratación por concurso cerrado se justifica cuando se trata de adquirir equipos, productos o materiales altamente especializados, destinados a la experimentación, investigación y educación, reza la Ley de Contrataciones Públicas. Pero la empresa que otorga el servicio, es decir el proveedor de esos productos especializados, debe estar al día en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). No es el caso de la Fundación ProBiodiversa.

La relación contractual del Minec con esta fundación es una de las preguntas que quedaron sin responder después de los intentos fallidos por obtener la versión de esta organización privada.

El expediente de la Fundación ProBiodiversa en el RNC indica que, aun cuando fue registrada en 2017, la organización aparece como “no actualizada” y, por lo tanto, se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. También especifica en su objeto social que ofrece servicios. En otras palabras, no es proveedora, ni fabricante ni distribuidora autorizada de productos. Tampoco se encarga de ejecutar obras, sino que ofrece servicios de investigación o experimentación pesquera; protección o control de inundaciones y desarrollo de recursos forestales. 

En 2010, año de su fundación, la Fundación ProBiodiversa también se registró como marca en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi), para la prestación de servicios de investigación y divulgación sobre la biodiversidad.

Según indica su expediente mercantil en Mérida, 2015 fue un año de cambios para la Fundación ProBiodiversa. Mudó dos veces su sede, modificó el objeto social de la organización, y actualizó la junta directiva. Alfredo Riera Seijas es el único que se mantiene como director y fundador desde 2010.

Del financiamiento de la Fundación ProBiodiversa tampoco se conoce mucho. En su expediente del RCN, en 2016 reportó un balance de pérdidas económicas de más de 4.5 millones de bolívares, lo que se traduce en 397.473 dólares, según la tasa oficial de 11,29 dólares vigente para el cierre de ese año. 

El 2 de septiembre de 2021, la organización recibió de Laboratorios Valmor CA, Valmorca, la donación de 1.862 dólares como apoyo financiero para el documental audiovisual Los Últimos 200 sobre el peligro que corre el venado cola blanca.

Armando.info se acercó hasta la actual sede de la Fundación ProBiodiversa en la urbanización La Mara de la ciudad de Mérida para entregar la carta impresa de petición de entrevista a su director. También se envió la solicitud de entrevista por correo electrónico, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuestas. 

Ni el gobernador del estado Mérida, Jehyson Guzmán, ni el director de la Unidad Territorial Ecosocialista (Utec) del Minec, Toro Belisario, respondieron a las solicitudes de información. 

Al mismo tiempo que los ambientalistas en Mérida recogían firmas para exhortar que se suspenda el manto térmico en el glaciar del pico Humboldt, el gobierno de Maduro anunciaba la activación de “otra fase” de la operación. El comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Mérida, general de división Rubén Darío Belzares Escobar, junto al gobernador Jehyson Guzmán, declararon el 22 de febrero que la misión “titánica, delicada y complicada” contaba con el apoyo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para transportar el geotextil y a 26 personas que montaron un campamento base en el sector Laguna Verde. No mencionaron cuánto tiempo permanecerá cubierta el área protegida del glaciar ni cuándo sería retirado el polipropileno en ese recodo postrero de las antiguas “nieves perpetuas” de los Andes venezolanos. 

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