No me defiendas, compadre

“No hemos podido ver el expediente ni por casualidad. Cuando se lo pido a la defensora pública, dice que todavía está en fase de ‘sustanciación’, que un abogado privado sí podría verlo, pero, a la vez, no me dejan nombrarlo. Es una cosa perversa”.

“Al defensor público lo asignaron a pesar de que exigimos el derecho a la defensa privada. Y hasta ahora no hemos logrado contactar a ese defensor ni ver a mi papá. No sabemos si ha habido audiencia. No sabemos si está en El Helicoide. No hemos tenido documentación legal”.

“Fue un policía el que me dijo lo de la audiencia de mi hijo, no me avisaron. La defensora no nos dijo nada, tampoco promovió las pruebas que le dimos, ni las cartas de buena conducta, las notas, las partidas de nacimiento, y en la audiencia telemática susurró dos minutos, no supimos qué dijo”.

Los anteriores son testimonios de tres familiares de personas arrestadas y presentadas ante tribunales por las protestas que tuvieron lugar durante algunas horas luego del anuncio, la noche del 28 de julio, de unos dudosos resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro. En todos ellos destaca la actuación contra natura de los representantes de la Defensoría Pública. Supuestos a representar a los acusados, sistemáticamente han optado por inhibirse o hacer simulacros de defensa y, así, contribuir a la acusación. Coartan, ralentizan y sabotean toda diligencia judicial a favor de sus defendidos. Más que asignados a los casos puestos a su cargo, han sido impuestos hasta en casos en los que los indiciados se mostraron listos a ejercer su derecho constitucional a la defensa mediante abogados de su confianza. Tienen prohibido, además, apelar las decisiones en las audiencias, un recurso básico en todo proceso judicial.

Al final, los defensores públicos se revelaron como una parte más, junto a jueces y fiscales, de la coreografía que el régimen de Caracas preparó en tribunales para aplacar, de modo expedito y ejemplarizante, el inminente levantamiento en las calles que preveía tras el amaño electoral del 28 de julio.

Del ensayo al patrón

Todo comienza con la denegación, por parte del tribunal al que sea asignado el caso, de aceptar el nombramiento de un abogado de confianza por parte del detenido —derecho consagrado en la ley— y la consecuente imposición de un abogado que es parte de la Defensa Pública. 

Esta práctica se asomó en la reapertura, en noviembre de 2023, del caso de la muerte en 7 del rapero Tyrone González, mejor conocido como Canserbero. Tres meses después de esa reapertura y tras un proceso muy mediático, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica fueron sentenciados a 25 años de prisión el 2 de febrero de 2024 sin que les fuera permitido designar a un abogado de confianza para defenderse. 

Otra probable prueba piloto de lo que estaba por venir: entre el 17 y el 22 de enero de este año se aplicó la fórmula a Luis Camacaro (estado Yaracuy) y Víctor Venegas (estado Barinas), jefes regionales del comando de campaña del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado. Quedaron detenidos y no se les permitió la designación de un abogado privado. El patrón continuó entre marzo y abril con las detenciones de más colaboradores de Machado: Emil Brandt, Henry Alviárez y Dignora Hernández.

Con el arresto en febrero de la abogada Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, una organización no gubernamental destinada al monitoreo de las Fuerzas Armadas, ya no quedaron dudas de que se estaba configurando un modus operandi. Hasta ahora no se le permite a sus abogados tener acceso al caso.

Con la oleada de protestas contra la fraudulenta declaración de Maduro como presidente reelecto, al fin llegó la hora de prescribir la receta de manera masiva. 

“Es una práctica que toma lugar en cualquier caso de naturaleza política. En los últimos días ha sido escandaloso, ya que los defensores públicos no solo permiten que se violen todos los derechos a sus representados, lo cual de paso constituye un delito autónomo, sino que además se prestan para coaccionar a los imputados a fin de que estos admitan delitos que no han cometido, a cambio de una reducción de pena, como ha ocurrido mayormente en los procesos penales contra adolescentes”, explica la abogada Thelma Fernández.

La estrategia es resumida por Eduardo Torres, abogado e integrante del equipo legal de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), con un apelativo: el “Triángulo de la injusticia”. A continuación, explica que “jueces, fiscales y defensores públicos siempre son los mismos, una cúpula muy reducida con la cual se niega el acceso a la justicia y el derecho a la defensa”. Un kit de tres piezas que se armó a instancias del régimen de Maduro para agilizar los procesos contra los cerca de 2.000 arrestados desde el 28 de julio, y entubar sus resultados.

“Es una desnaturalizaron de todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, la defensa pública se ha convertido en cómplice de la violación al debido proceso”, remata el abogado José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos.

Según la cronología oficial, la idea precursora de la Defensa Pública en Venezuela data de 1995, cuando el Código de Enjuiciamiento Criminal de las postrimerías de la democracia puntofijista estableció la necesidad de su existencia. Luego, en agosto de 2000, ya con Hugo Chávez en el poder, cristalizó con la creación oficial del Sistema Autónomo de Defensa Pública, comunicada en la edición 37.014 de la Gaceta Oficial.

“Es una institución muy loable”, admite Graterol, “porque la persona sin recursos tiene la posibilidad de que se le respete su debido proceso”.

Pero los designios cada vez más autoritarios del régimen chavista-madurista fueron desvirtuando la misión de la defensoría pública, hasta convertirla en la parodia que es hoy.

Tal desnaturalización, desde luego, no se produce por generación espontánea. Requiere de un plan concreto, como el que se trazó para acallar las protestas después de las elecciones presidenciales, y de operadores que se encarguen de su cumplimento. En la actualidad, todos obedecen las directrices de Daniel Augusto Ramírez Herrera, Defensor Público General.

Verdugo locuaz

A diferencia de los jueces que en los tribunales anti-terrorismo ejecutan la orden de escarmentar a manifestantes y disidentes y que, en vista de esa tarea tenebrosa, optan por dejar sus vidas privadas y hasta sus imágenes lejos del alcance del público, Daniel Augusto Ramírez Herrera (nacido en Mérida, en Los Andes del suroeste venezolano, en 1975) no tiene empacho en mantener abiertas y activas sus cuentas en las redes sociales.

Y todavía más: Ramírez Herrera se expone deliberadamente y en cierta medida alienta la interacción con la audiencia. Por ejemplo, en el canal de la Defensoría Pública en YouTube  lleva el programa -él lo llama “cápsulas informativas”- 2 minutos con la DP, en el que sostiene entrevistas breves con defensores y hasta se hace entrevistar a sí mismo.  

Allí relató que en 2000 se graduó como abogado en la privada Universidad Santa María (USM) de Caracas. En esa misma casa de estudios superiores cursó una especialización y una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Constitucional. “Cuando inicié estudios en el primer año de Derecho, ya me desempeñaba como asistente de tribunales con el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal”, recordó.

Desde 2005 ha sido Coordinador General de Defensa Pública,  abogado asistente en la Presidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal nacional en el estado Bolívar y, desde el 26 de julio de 2022, Defensor Público General.

Como titular de la Defensa Pública su bandera es el lema Vamos por más, con el que promete “seguir trabajando con todos los privados y privadas de libertad”. Y su ascenso podría no detenerse allí. En círculos cerrados del chavismo se le considera, por su diligencia y disposición, como un sustituto potencial del mismísimo Tarek William Saab en la Fiscalía General.

Una de sus facetas menos conocidas es la de empresario. Ramírez Herrera es socio en una distribuidora registrada con el pintoresco nombre de Alimentos y Bebidas El Silbón, C.A., en alusión al personaje de las leyendas de terror populares en Los Llanos occidentales de Venezuela. Igualmente pintoresco es el hecho de que esta empresa, fundada en 2016, que tiene a un funcionario del Estado como dueño, también esté inscrita como proveedora de servicios a ese mismo Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Currículos, leyendas y contratos aparte, lo cierto es que Ramírez Herrera es quien, como jefe de los defensores que no defienden, comanda la desnaturalización de la Defensoría Pública. Reporta a Caryslia Beatriz Rodrígez Rodríguez, magistrada del TSJ y militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  cuya firma refrendó el fraude electoral del 28 de julio. Lo que no necesariamente quiere decir que sea ella quien patrocina el ascenso de Ramírez en el aparato judicial chavista-madurista.

Dos ‘ayudaítas’ son mejores que una

Dos fuentes consultadas para esta historia precisan que a Ramírez Herrera lo apadrinan dos figuras no muy conocidas por el público, pero con influencias.

La primera es su predecesora en el cargo, María Adelaida Maduro Moros, hermana de Nicolás Maduros Moros, a quien, como encargada de Defensa Pública desde 2016 hasta 2022, se le acusa de haber sido la “destructora de esa institución”, como explica una fuente que pide mantener su identidad en resguardo. 

La otra figura es Deyanira Nieves Bastidas, magistrada emérita del TSJ e hija del histórico dirigente de la izquierda subversiva de los años 60 y 70, David Nieves. Este, fallecido en 2020 a los 81 años de edad, en la última etapa de su vida fungió como miembro del Consejo Político del gubernamental PSUV. “Él [Ramírez] llega a la defensa como una especie de mano derecha de Deyanira Nieves, cuando esta era presidenta de la Sala Penal. Ella llega a ser magistrada del TSJ porque su papá era de la gente de Chávez”, refiere José Amalio Graterol.

Graterol apunta además que la credencial máxima de Ramírez Herrera para su ascenso al cargo actual fue la recomendación, pues nunca ejerció como defensor público. “No es un profesional del Derecho. No ha ejercido como abogado. Está en ese cargo tan importante sin tener conocimiento real de cómo es un proceso penal. Está puesto ahí para cometer estas tropelías y ordenar a defensores públicos que violen el debido proceso”, asevera.

Uno de esos derechos conculcados, ahonda Thelma Fernández, es el que asiste a los defendidos para nombrar como representante a un abogado privado de confianza. Así, se impone una “asistencia jurídica de forma delictiva, toda vez que el imputado claramente se ha negado a ello, y en consecuencia el justiciable se encuentra sometido a un juicio fabricado en donde no cuenta con nadie que pueda velar por sus derechos, ya que su propio abogado forma parte de sus verdugos”.

¡Santos defensores!

Si la maquinaria de la Defensa Pública no se mueve para cumplir su función de velar por los derechos de los procesados, sí lo hace, y con eficacia, para acometer las encomiendas políticas. Para asegurarse de que eso siga siendo así, mantiene los cargos de defensores públicos en renovación constante. Apenas en abril de 2024, Daniel Augusto Ramírez Herrera juramentó a 49 defensores.  Antes, en noviembre, había juramentado a otro grupo. La característica es que todos son provisorios.

En medio de esa rotación, la misión política de aplacar las protestas desde el 28 de julio con la estrategia del quebranto del ímpetu de la manifestación y el escarmiento de los manifestantes, viene contando con la coordinación de tres defensores, de los que el más connotado es Santos Rojas.

Rojas se graduó en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en 2010 y asegura haber completado una especialización en Derecho Penal de la USM en 2014. Tiene 19 años trabajando en la Defensa Pública, según el currículo que publica en la red social Linkedin. En su perfil de la red social X, que no usa desde el año 2019, se describe como un profesional del derecho “antiimperialista”.

En X, antes Twitter, se atrevió a mostrar una independencia de la que en los hechos se privó. En dos ocasiones preguntó en público por qué no le llegaba el servicio de agua; increpó al exalcalde del Municipio Libertador de Caracas y actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodriguez, sobre cuándo le pagaría sus aguinaldos y bonos; y denunció que la Alcaldía de Caracas no quería contratar abogados de la UBV, de la que egresó. 

De resto, su interacción consiste en republicar con compulsión los posts propagandísticos de altos funcionarios del gobierno chavista o pedir la activación de los llamados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) en una comunidad. Las OLP eran incursiones de comandos policiales en barriadas populares que comenzaron en 2015 y que se convirtieron en una secuencia de excesos contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. 

A Rojas este año le fueron encomendados algunos de los casos políticos más controversiales que se adelantan en Caracas, como la defensa del activista Carlos Julio Rojas y del exdiputado opositor por el estado Bolívar Américo De Grazia.

María, la hija de Américo de Grazia, experimenta a diario el cerco que Santos Rojas tiende en torno a su supuesto defendido: “Hasta hoy no hemos recibido fe de vida [del exdiputado De Grazia], ni lo hemos podido ver ni hablar con él. Tampoco han podido hacerlo los abogados privados que trataron de conseguir una visita. No sabemos en qué lugar lo agarraron, en qué momento del día, dónde están su carro y sus cosas. Nada. Y dos meses después, no dan la información sobre el régimen de visitas”. 

Eduardo Torres, de Provea, aporta otra viñeta sobre la displicencia cómplice de Rojas, el defensor público, esta vez en el caso de Carlos Julio Rojas, el activista detenido. “Es realmente preocupante la situación”, subraya. “En este caso, Carlos Julio le comentó a su esposa que le dio los números de teléfono para que, en su momento, para la audiencia preliminar, él [Santos Rojas] llamara a sus abogados de confianza. El defensor no lo hizo”.

Es el tipo de desempeño que el régimen esperaba de los defensores públicos que se prestaron para aplastar la protesta callejera después del 28 de julio.

Santos Rojas maneja a su antojo y desde las sombras la defensa de los detenidos en las protestas. Llamó en una oportunidad a todos los familiares de 14 detenidos, a los que debía defender, solo para advertirles que tenían que pagar los costos de impresión del expediente y escritos de la defensa en el Palacio de Justicia. Aunque los familiares obedecieron la instrucción, pagaron las impresiones y estuvieron presentes mientras se hacían, ninguno pudo ver las copias del expediente de los presos políticos. Por eso y por el hermetismo de Rojas, desconocen cuáles son las acciones legales que ha ejercido este abogado para demostrar la inocencia de cada uno de ellos.

Pero no es solo inaccesible. Su figura amedrenta. En Caracas, solo los familiares de apenas cuatro entre 45 personas arrestadas después del 28 de julio dieron el paso de solicitar asistencia legal privada a través de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. “Los familiares temen que los cataloguen como presos políticos y prefirieron dejarse imponer un defensor público para tratar de obtener una medida con régimen de presentación, pero eso es un acto de fe”, explica el abogado Arcángel Mosquera. 

Desde Provea, Eduardo Torres señala a Santos Rojas como reincidente en la práctica cuasi extorsiva de solicitar a los imputados la grabación de un video en contra de María Corina Machado, para, a cambio, ofrecerles garantías de libertad. “Eso se viene presentando desde el mismo mes de enero, cuando detuvieron a los primeros activistas de Vente Venezuela, y se ha repetido”, agrega, al tiempo que ventila el nombre de otro defensor público, Edwin Torres Terán, muy servicial con la causa del escarmiento. 

Este otro Torres, nombrado defensor público 98° del Area Metropolitana de Caracas en junio de 2023. se encarga, por ejemplo, de la defensa de Biaggio Pilieri, exdiputado opositor a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy y exalcalde de Chivacoa, una población de esa entidad. Pilieri fue arrestado el 28 de agosto en una concentración opositora. 

“Sobre este defensor, llama la atención que lleva las causas que se están desarrollando luego del 28 de julio por vía telemática a nivel nacional (…) de tal manera que las víctimas, además del grado de indefensión por los patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y que no tienen acceso a la justicia, se ven imposibilitados por la distancia”, refiere Eduardo Torres. 

En este último ejemplo se verifican las condiciones que enfrentan los familiares de algunos presos políticos en provincias que son trasladados a Caracas. A menudo sin recursos económicos para sufragar el viaje, de todas maneras se las arreglan para llegar a la ciudad capital con tal de obtener información sobre sus familiares, pero lo hacen en medio de muchas precariedades. Y el esfuerzo suele resultar inútil: una vez en Caracas “esos defensores no los orientan ni les dan información sobre el estatus de sus familiares detenidos”.

Es la obediencia a una sola línea. Un abogado, quien funge como defensor privado de un preso político y a quien, por supuesto, se le niega el acceso a su defendido, no duda de calificar a una buena porción de los defensores públicos como agentes chavistas.  

“En la mayoría de los casos, le han ofrecido a los presos la opción de conseguir la libertad solo si graban un vídeo para darle gracias a Maduro y culpar a María Corina Machado de todo. Se ha vuelto algo recurrente”, denuncia, pidiendo la reserva de su identidad.

Menores contra la pared

Otro nombre de peso en el circuito de los defensores es el de Kelly Pérez, encargada de los casos de los menores de edad detenidos en el estado Carabobo. Algunas madres de estos adolescentes, con quienes Armando.info conversó, refieren algunas de las prácticas que lleva adelante la defensora. 

Por ejemplo, no da acceso a los expedientes de los detenidos a los familiares. Tampoco los llama para informar sobre el estado de los casos, y las pocas veces que han podido hablar con ella fueron resultado de que la buscaran directamente en el Palacio de Justicia de Valencia.

Pérez no consignó ni promovió las pruebas de buena conducta de los muchachos, como partidas de nacimiento, notas certificadas, cartas de buena conducta, constancias de trabajo e inscripciones en el colegio. Tampoco denunció que sus defendidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes en los primeros días de su detención.  

Aunque en los casos de menores la decisión del pase o no a juicio debe ocurrir con un plazo máximo de 10 días después de la detención, estos fueron llevados a juicio solo después de que transcurrieron 63 días, y todos pasaron a esa nueva etapa sin libertad y sin que se conociese una protesta de su defensora pública. Kelly Pérez tampoco avisó que las audiencias serían telemáticas. Algunas madres se enteraron por otras. Todas coinciden en mostrar su asombro ante la crueldad en el trato y violación constante de los derechos de sus hijos: “Es como que solo tuvieran acusadores, nadie los defiende”, dijo una de las madres que pidió mantener su nombre en reserva.

Traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, conspiración e incitación al odio son los cargos a los que se apela repetidamente para acusar a de los detenidos luego de la ola de protestas. EduardoTorres detalla que la actuación de los defensores públicos en esta andanada constituye una violación abierta al artículo 44 de la Constitución vigente dcesde 1999, que garantiza la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados de confianza, y al 49,  que habla del debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa.

José Amalio Graterol recalca, por su parte, que los defensores cometen el delito de prevaricación judicial y vulneran los artículos 125, 251, 252 y 253 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

De entre los presos políticos destacan Perkins Rocha, abogado él mismo, quien se desempeñó como asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que aupó la candidatura de Edmundo González Urrutia en la elección del 28 de julio. Fue detenido el 27 de agosto. Pese a que tiene un abogado privado, se le impuso como defensora a Yonimar Flores, la misma que sirve como defensora de Nélida Sánchez, coordinadora de formación de la plataforma de formación electoral Súmate. 

Meses antes de las elecciones del 28 de julio, Flores había sido mencionada por los abogados privados de Rocío San Miguel como partícipe de las irregularidades en torno al caso. “Ninguno de los abogados que hemos estado a cargo de su defensa ha podido ser designado formalmente, ni ha podido constituirse la defensa técnica; por consiguiente ella sigue supuestamente defendida por un defensor público que se llama Yonimar Flores, la Defensora Público 49 de Caracas”, declaró a comienzos de julio uno de sus abogados, Juan González, al sitio informativo Efecto Cocuyo.

Entre tanto, los días transcurren para los presos políticos y para sus familiares, sometidos a los rigores de un sistema que, se supone, imparte justicia. Pero termina siendo una pantomima de justicia con ánimos de retaliación. “Es un peloteo, se pierde todo el tiempo, la vida, en eso”, resume la esposa de uno de ellos, también víctima de un sistema de defensores empeñados no en defender sino en complacer al poder.

Tomado de No me defiendas, compadre

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