ONU confirma crímenes de lesa humanidad en elecciones en Venezuela

Un informe de la ONU confirma crímenes de lesa humanidad en elecciones en Venezuela mediante la documentación recabada y que comprende las actuaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, así como por grupos civiles armados progubernamentales en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó detalladamente las violaciones de los derechos humanos y crímenes contra las víctimas objeto de una represión sin precedentes en el país.

El reporte precisa que las violaciones de los DD. HH. se materializaron a través de   detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual. Se establece que tales acciones forman parte de un plan coordinado dirigido a silenciar a la oposición o a quienes son percibidos como tales. El inventario de víctimas comprende, incluso, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

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La investigación de la Misión

El informe recoge las conclusiones de la misión de la ONU sobre Venezuela en el que se analiza el contexto fáctico y jurídico de las graves violaciones graves de derechos humanos y delitos cometidos, tanto en vísperas de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como las protestas masivas que tuvieron lugar tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de la victoria del presidente Maduro.

Se documenta la violenta respuesta por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al gobierno. Igualmente se hace referencia al hecho de que las personas detenidas son amenazadas e, incluso, torturadas, con el fin de que se auto incriminen de la comisión de hechos de terrorismo.

Los procesos, describe el informe, se caracterizan por la falta de pruebas, así como por la “ausencia de abogados de su elección [que] colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas”.

“Operación Brazalete Blanco” y “operación Tun Tun”

La ONU documenta la violenta respuesta de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al gobierno.

Se indica que, en los diez meses previos a las elecciones, se investigaron y documentaron muchos actos de represión selectiva dirigidos, especialmente, al liderazgo político opositor y a actores de la sociedad civil.

“Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, como la operación Brazalete Blanco. En el marco de la campaña electoral, la Misión registró y documentó las detenciones de 121 (106 hombres y 15 mujeres) por colaborar en actividades de la oposición”, refiere el informe.

En el periodo postelectoral tuvo lugar la denominada “operación Tun Tun”, cuyo objetivo era la amenaza y generación de temor en la población. Se llevaron a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones en sus viviendas a personas que participaron en las protestas o que expresaron opiniones críticas contra el gobierno; “las casas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una “X” y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al gobierno a señalar y denunciar”.

Crímenes de lesa humanidad

El informe confirma que, entre las violaciones a los derechos humanos detectados, hay hechos que siguen “la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad”.

Sostiene que las violaciones cometidas con una intención discriminatoria, también “constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas”.

Entre los datos aportados en el reporte, se estableció que, en los hechos de violencia, fueron asesinadas por arma de fuego 25 personas. “Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.

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